POR JUAN FERRER, Ex Concejal del Ayuntamiento de Valencia
Aparentemente, para nada. Veamos el presupuesto de 2012 del Ayuntamiento de Valencia.
La situación de partida es que el consistorio tramitó en julio de 2010 un Plan Reequilibrio Económico Presupuestario (en adelante PREP), que debía ser efectivo desde su aprobación y debía iluminar los presupuestos de 2011.
Este PREP era la necesaria consecuencia del fracaso del anterior, que debía guiar la actividad presupuestaria municipal los años 2009, 2010 y 2011. Al liquidar el presupuesto de 2010, se observó su incumplimiento y en lugar de modificar lo necesario para restablecer las cuentas municipales dentro de las líneas establecidas por aquel PREP, el ayuntamiento tuvo la superior idea de tramitar otro nuevo que debía cubrir 2011, 2012 y 2013, olvidándose de lo ocurrido en 2009 y 2010.
Hay que decir que en tanto se tiene un PREP -desde 2009 aprobados por la Consellería de Hacienda merced al Estatuto reformado y la voluntad de sus directivos para habilitar los recursos necesarios- cada nueva operación de endeudamiento debe ser previamente aprobada por dicha Consellería., pero si se incumple no se pueden solicitar nuevos créditos ni se pueden autorizar.
El otro marco normativo viene marcado por las disposiciones que establece el gobierno, posteriormente aprueba el Congreso y finalmente se cifran en términos precisos por la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL). Las reglas en su conjunto vinieron a establecer un endeudamiento excepcional para 2010 de hasta el 125% de los derechos corrientes liquidados, habitualmente es el 110%. También prohibió la posibilidad de que las administraciones locales contrataran nuevos créditos durante 2011.
Esta medida provocó que un sinfín de ayuntamientos, entre otros los de Valencia y Barcelona, adquirieran nuevas deudas, en algunos casos para refinanciar créditos anteriores modificando periodos de carencia y/o plazos de amortización, siempre con tipos de interés mas altos, tal como marcaba la tendencia del mercado. Así nuestro ayuntamiento llegó a contratar sobre los 78.275.984,75 € previstos inicialmente para 2010, 230.487.532,95€ mas, elevando el montante hasta los 308.763.517,70 €.
Acostumbrados a leer la literatura presupuestaria municipal mas en clave de lo que no se dice, porque lo que se suele decir es casi cabalístico, podemos observar que la Intervención señala que los créditos a solicitar en 2012, en total 52.624.181,70€ -32 millones para financiar amortizaciones- deberán contar previamente con el correspondiente cálculo del porcentaje de deuda legal de cada momento.
Esto es un indicador de que con la liquidación en vigor, la del 2010, el porcentaje del 110% (el que ahora rige de nuevo) está desbordado y que por tanto habrá que esperar a la liquidación de 2011 para planteárselo. No pienso, mas adelante se calcula, que pueda mejorar salvo que las cuentas se sometan a un intensivo “acicalamiento”.
También hay que interpretar lo que se dice entre párrafos.
El informe de los técnicos hace mención a que el PREP de 2010 no ha sido aprobado todavía por la Consellería de Hacienda, de modo que no lo consideran en vigor. Resumiendo quiere decir que se ha vuelto a incumplir, pero además no se sienten vinculados con el mismo. Lo mas llamativo es que el Ayuntamiento de Valencia carece de PREP y no se siente bajo ninguna disciplina de estabilidad presupuestaria, y lo mas lamentable, es que nadie se preocupa por ejercer su función, adquirida mediante reforma estatutaria, como la de supervisión de las Cajas de Ahorro de la C.V. cuyo desenlace ya conocemos.
Así, el órgano encargado de velar por el cumplimiento del equilibrio presupuestario, se allana en su obligación.
Decimos esto porque en el cuadro 30 del presupuesto aparecen 10 contratos de créditos con el sistema financiero español: 6 del ICO, a través de diferentes entidades y que suman un total de 61.732.809,74€ que no computan a efectos de endeudamiento –porque pesan sobre las cuentas del estado cuando recurrieron al crédito financiero internacional para obtener y disponer de los recursos- y todos de fecha 1-10-2011. Pero hay cuatro créditos mas swap; 2 por 76.811.026,27€, cada uno, formalizados con el BBVA el 9-5-2011 y 27-5-2011 respectivamente y otros 2, de 20.000.000 €, uno con BANKIA (12-7-2011) y otro con BANESTO (10-5-2011), por un importe total de 193.622.052,54€.
Así, el ayuntamiento ha firmado créditos por importe de 255.354.862,28 €, precisamente el año que no se podían contratar créditos. Aceptando la excepción de los Créditos ICO, no se entiende que la Consellería haya autorizado tal volumen de créditos y por tal importe, cuando no ha tenido tan siquiera tiempo para aprobar el PREP tramitado en julio de 2010. Peor si no han sido autorizados tales contratos. En ambos casos, la normativa no establece solo el régimen de autorización, sino que habiendo incumplimiento del PREP, simplemente no se pueden contratar.
Nos encontramos pues ante una función de control del cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria (su normativa) que no se ejerce.
Lo que hace preocupante el hecho no es solo el montante de los créditos, que lo es -el importe contratado a 31-12-2011 ascenderá a 1.134.868.173,96 € y el saldo vivo 1.053.918.173,96 € que supone que se ha de obtener una liquidación de ingresos corrientes de 1.159.309.991,36 € parta cumplir las normas- sino que se pone en evidencia la falta de control para garantizar los compromisos que el Reino de España toma frente a sus socios en la zona euro respecto de la estabilidad presupuestaria y por tanto de la estabilidad del euro. Tampoco los mercados ignoran esta situación.
El nuevo gobierno va a tener difícil explicar a los suyos acostumbrados a como están a desafiar al gobierno central, que han de cumplirlos. El nuevo gobierno va a tener difícil hacer a los suyos cumplirlos, acostumbrados como están a burlarlos.
Esto escrito, El Presidente del nuevo gobierno anuncia una nueva Ley de estabilidad Presupuestaria, la vigente es del último Gobierno del PP, si aquella no ha servido, nada hace pensar que la próxima sirva. No es la ley la que falla, tampoco su Reglamento, sino los agentes que han de cumplirla y no lo hacen, tal vez habría que ir pensando en alguna sanción para quienes incumplen la legalidad, aunque sea la de estabilidad Presupuestaria.
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