Tras las polémicas declaraciones del titular de Justicia en contra del juez que pidió la absolución de ‘La Manada’, siete asociaciones de jueces y fiscales han pedido en bloque su renuncia.
“Todos saben que este juez tiene algún problema singular, me sorprende que el Consejo no actúe”, fueron las palabras del titular de justicia en una entrevista en ‘Herrera en COPE’, para referirse al togado Ricardo Javier González, quien abogó por la absolución de los cinco hombres acusados de violar a una joven madrileña durante los Sanfermines de 2016.
Tras esas palabras, las siete asociaciones de jueces y fiscales han solicitado la “inmediata dimisión” de Catalá por considerar que el ministro debería limitarse a “respetar y velar por el respeto del funcionamiento de las instituciones”, refiere La Vanguardia.
“La intromisión del Ejecutivo en las labores que le corresponden exclusivamente al Consejo General del Poder Judicial (tales como la tutela o el impulso de la labor disciplinaria) y los comentarios acerca de la capacitación o no de un magistrado son una temeridad por quien ejerce como ministro de Justicia”, reza el comunicado suscrito por la asociación Profesional de la Magistratura (AMP), Jueces y Juezas por la Democracia, Foro Judicial Independiente y Francisco de Vitoria junto con la Asociación de Fiscales, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales.
Lluvia de acusaciones
Uno de los aspectos que han resaltado en la diatriba es que Catalá ha sido el único ministro reprobado por el Congreso. El titular de Justicia, por su parte, ha hecho hincapié en que González tiene “algunos expedientes ya abiertos”, aunque no ofreció mayores detalles.
Según Público, sobre el juez recaen cuatro sanciones por retrasos en sus resoluciones, entre finales de los años noventa y el año 2000, cuando González se desempeñaba como titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Bilbao.
La reacción de los partidos políticos españoles sobre el caso ha sido mixta: Podemos solicitó la dimisión del ministro por “inmiscuirse una vez más en el Poder Judicial”, mientras que el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) respaldaron las declaraciones de Catalá.
“No podemos estar más que de acuerdo, porque si el ministro habla así es porque se le supone mucho conocimiento de causa y si no ha ido más allá de la información que tiene, quizás sea por la prudencia necesaria”, sostuvo el secretario del PSOE, José Luis Ábalos, detalla 20 Minutos.
La sentencia del juicio a los cinco hombres ha levantado una gran indignación en la opinión pública española por haber sido absueltos del delito de agresión sexual. La Fiscalía de Navarra anunció que recurrirá el fallo y mantiene que la calificación de los hechos probados que narra la sentencia debería ser la de agresión sexual, con una pena de prisión, que ya había pedido en sus escritos, superior a los 20 años.
El portavoz del Gobierno, el ministro Íñigo Méndez de Vigo, adelantó el pasado viernes que Catalá tenía previsto evaluar si la tipificación de los delitos relativos a abuso y agresión sexual está convenientemente reflejada en el ordenamiento jurídico español o si es preciso una actualización de la misma.
La Fiscalía recurrirá la sentencia a ‘La Manada’ y mantiene que fue violación
Por su parte, el Gobierno revisará el Código Penal español, después de que la condena absolviera a los acusados del delito de violación.
La Fiscalía no está conforme con el fallo alcanzado por el Tribunal, compuesto por tres magistrados, uno de los cuales emitió un voto particular en el que abogaba por la absolución de los cinco condenados. Así, el ministerio público mantiene que la calificación de los hechos probados que narra la sentencia debería ser la de agresión sexual, con una pena de prisión, que ya había pedido en sus escritos, superior a los 20 años. Por ello, recurrirá la sentencia.
Por su parte, el portavoz del Gobierno, el ministro Íñigo Méndez de Vigo, ha declarado que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, va a valorar si la tipificación de los delitos relativos a abuso y agresión sexual está convenientemente reflejada en el ordenamiento jurídico español o si es preciso una actualización de la misma.
La sentencia ha sido muy polémica debido a que la diferencia entre uno y otro tipo penal se encuentra en si hay o no violencia o intimidación. La narración que hace la sentencia de los hechos probados es interpretada mayoritariamente como la definición de intimidación, pero los dos magistrados que han firmado la condena los han encajado en un tipo penal menor, al entender que solo constituían “prevalecimiento”.
Los hechos probados
La sentencia reconoce como probado que la joven fue “rodeada por cinco varones, de edades muy superiores y fuerte complexión(…) la denunciante se sintió impresionada y sin capacidad de reacción (…) experimentó la sensación de angustia (…) sintió un intenso agobio y desasosiego, que le produjo estupor y le hizo adoptar una actitud de pasividad y sometimiento (…) manteniendo la mayor parte del tiempo los ojos cerrados”, entre otras expresiones.
Concentraciones y manifestaciones de protesta
Tras conocerse el fallo del Tribunal, se produjeron masivas concentraciones en numerosas ciudades de toda la geografía española.
Estos días las concentraciones y muestras de protesta se han seguido produciendo en numerosos municipios:
