Tres robos al día se producen en los campos de la Comunidad Valenciana y los agricultores han alzado la voz pidiendo medidas de protección. A las dificultades de sacar adelante las explotaciones en un año de pandemia se unen las más de 1.184 sustracciones en explotaciones agrícolas y ganaderas que han denunciado y que convierten en la comunidad en la segunda donde más robos se registran tras Andalucía. Según denuncia la Unió de Llauradors, estas cifras no son solo de de productos en los campos, sino que recogen robos con fuerza, robos con fuerza en interior de vehículo, robo con violencia o intimidación, hurto y hurto en interior de vehículo en explotaciones agrícolas y ganaderas. Además, no responden a una realidad que es aún peor, ya que los propios agricultores y ganaderos no denuncian por la dificultad que les supone hacerlo, con sistemas administrativos “poco ágiles así como por el desaliento ante la sensación de impunidad con que opera esta delincuencia”. La organización agraria se ha volcado en concienciar a los agricultores para poder tener datos más ajustados del alcance del problema y poder reclamar soluciones. Pero lo cierto es que en apenas un 20% de estos robos se acaba encontrando a los culpables. En el año 2020, en el que estos hurtos se han reducido un 14%, se esclarecieron menos casos en la Comunidad Valenciana que en 2019, un total de 148 por 168.Las soluciones pasan por un refuerzo del personal del Grupo ROCA de la Guardia Civil especializado en este tipo de delincuencia, acompañado también con “métodos innovadores tanto en la prevención de estos delitos, como en su persecución y resolución”, reclama la Unió.
Colaboración entre comunidades vecinas.
Otro de los aspectos en los que hacen hincapié los agricultores es en la necesidad de que haya colaboración permanente entre las administraciones y las policías de las comunidades autónomas limítrofes para evitar los robos en las explotaciones agrarias y perseguir su posterior comercialización en autonomías vecinas.En ese sentido, han detectado que se producen hurtos de productos que en la Comunidad Valenciana que se vende en Cataluña y viceversa, “y se pierde ahí la trazabilidad de los productos ante la falta de coordinación” que se solucionaría con la constitución de una junta de seguridad bilateral con reuniones periódicas.
