La resolución de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) que afecta a los estadios del Valencia CF ha generado recelos entre Compromís y el grupo socialista en el Ayuntamiento de Valencia. A la espera de que se elaboren los informes técnicos sobre los que la Generalitat, en concreto la Conselleria de Economía, debe sostener la prórroga o la caducidad de la ATE el próximo 20 de agosto, dos de las partes implicadas muestran abiertamente sus recelos sobre la actuación de la otra. Compromís tiene dudas sobre la legalidad de dar por caducada una actuación cuya vigencia se extiende hasta 2025, aunque haya un manifiesto incumplimiento. Tal y como publica este diario, altos cargos de la coalición en Economía, Territorio y el gabinete de Alcaldía, coordinados por la Vicepresidencia, se han fijado como objetivo ser lo más “garantistas” posible. Los nacionalistas tienen claro que cualquier determinación que se tome debe estar alejada de las guerras sociales que vive el valencianismo y ajustada a derecho. “Hay implicaciones jurídicas que han de estudiarse con detenimiento porque, si se judicializa, hablaríamos de un posible coste muy importante para la Generalitat“, advirtió Oltra, que insiste en esperar para formular la postura de la Administración valenciana. “Sin tener todos los informes técnicos, no es mi estilo, ni desde luego el de la Conselleria de Economía Sostenible. Iremos como el Cholo Simeone, partido a partido”, aseguró. Lo que no le gustó a la vicepresidencia fueron las palabras del portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de Valencia, Borja Sanjuán, en las que aludía a la condición de lobistas de Meriton a algunos cargos de Compromís. “No es el tono ni el contenido en el que dos instituciones se relacionan. Se ha de llevar a término desde el respeto, la colaboración interadministrativa y, sobre todo también, desde el respeto a las competencias de cada uno”, dijo Oltra, que reiteró que la última palabra en este asunto la tiene Economía, previo informe de Territorio.
Con la vista en el juzgado
Lo que sabe la vicepresidenta es que aunque el promotor de la ATE es el Valencia, beneficiado o perjudicado por cualquier decisión que se tome en agosto, Peter Lim tiene decidido defender su postura en los tribunales. Si no hay prórroga porque no se atiende la petición realizada, la defenderá en un juzgado. Incluso lo hará si la hay pero se le exige un aval que garantice la realización de la obra. Esta es la postura que defiende el grupo municipal socialista. “Hay un incumplimiento manifiesto de la fase 2 de la ATE porque el promotor no ha iniciado ninguna de las cinco obras previstas. Este Ayuntamiento ha esperado mucho a una propiedad que no ha cumplido sus compromisos. No puede ampararse una prórroga y, si se hace, que sea exigiendo garantías“, pidió Borja Sanjuán. El garantismo de Compromís ante la voluntad del Valencia de judicializar la ATE si no hay prórroga puede que no sera argumento suficiente para que que acabe siendo un juez quien se pronuncie. Y es que los colectivos opositores a Peter Lim ya han manifestado su intención de demandar a las autoridades que firmen la prórroga de la ATE en los términos que ha solicitado el club.
