La trama de corrupción investigada en la macrocausa Azud, con el promotor y empresario Jaime María Febrer como epicentro, “se dedicó al pago de comisiones ilícitas a cargos públicos, funcionarios y abogados (por sus relaciones especiales e influencias con altos cargos públicos) para la obtención de decisiones administrativas acordes a sus intereses mercantiles con total desprecio y consiguiente daño a los intereses públicos”.
Es una de las conclusiones a las que llega la jueza de Instrucción número 13 de València y la Fiscalía Anticorrupción a partir de las investigaciones realizadas por el grupo III de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Que el entramado de corrupción urbanística se dedicó a pagar con regalos y dinero a quienes podían favorecer esos intereses es algo que ya había trascendido. Lo que no se sabía es cuánto y a quién.
El sumario, al que ha tenido acceso Levante-EMV, sitúa en la primera posición del ranking de ‘favorecidos’ a Alfonso Grau, vicealcalde de València y mano derecha de la alcaldesa por excelencia de la ciudad, Rita Barberá, la cabeza visible del poder hegemónico que el Partido Popular ejerció en el ‘Cap i casal’ durante dos largas décadas.
El análisis de la documentación intervenida en los registros practicados en las dos operaciones policiales llevadas a cabo hasta ahora –2 de abril de 2019 y el 13 de mayo de 2021– ha llevado a la UCO a concluir que Grau habría percibido «al menos» dos millones de euros en efectivo, con un incremento patrimonial, entre 2004 y 2014, que los analistas de la Guardia Civil cifran en casi 730.000 euros, dinero que se habría diluido en cuentas bancarias, en cajas de seguridad y en aportaciones a una empresa familiar.
