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El expresidente de la Diputación de Valencia con el PP, Alfonso Rus, vuelve a sentarse en el banquillo por segunda vez en el caso Imelsa, en una macrocausa de corrupción, en la que se enfrenta a penas de hasta 8 años de prisión por delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales.
El juicio iniciará el próximo martes en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial y se prevé que se prolongue hasta el 9 de junio. En este nuevo juicio, se analizará el papel de Rus, que también fue alcalde de Xàtiva y presidente provincial del PP, y otros siete investigados en el marco de la pieza separada D del “caso Imelsa”, relativa a las presuntas irregularidades detectadas en la adjudicación y prestación de un servicio de atención telefónica.
Los hechos se remontan a mayo de 2013, cuando Imelsa, empresa pública de la Diputación de Valencia y actualmente denominada Divalterra, adjudicó a Servimun SL el contrato para la prestación de servicios a través de un centro de atención multicanal (telefónica y telemática) a los contribuyentes de los municipios que delegaban en la corporación provincial la gestión y recaudación tributaria.
De acuerdo con la información recabada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la adjudicataria percibió de Imelsa entre agosto de 2013 y enero de 2016 un total de 930.000 euros por este contrato.
En este juicio, la Fiscalía reclama penas de prisión de 8 años para Alfonso Rus, 4 años y medio para Marcos Benavent, 13 años para su exsuegro, Mariano López, y otro empresario que actuó como administrador de Servimun, la firma adjudicataria.
El juez considera que pudo existir “un propósito deliberado de adjudicar un contrato para la prestación del servicio no a la mejor oferta, sino a una determinada y decidida de antemano, con conciencia tanto de favorecimiento arbitrario como del riesgo de desviar y malgastar los recursos públicos”.
Este juicio se suma al anterior que Rus afrontó por otra de las piezas del caso Imelsa, la supuesta contratación ilícita de personal que no acudía a sus puestos de trabajo en la empresa pública provincial Imelsa, y que quedó vista para sentencia el pasado mes de marzo.
La corrupción en España sigue siendo un problema importante que debe ser abordado de manera enérgica y efectiva para restaurar la confianza en las instituciones y en la política en general.
