La Generalitat Valenciana ha decidido llevar ante el Tribunal Constitucional el Real Decreto-Ley 2/2025, promulgado por el Gobierno central el pasado 18 de marzo. Esta normativa establece criterios para la redistribución de menores extranjeros no acompañados entre las comunidades autónomas, algo que el Consell considera “una clara injerencia en las competencias exclusivas de protección de menores de la Comunitat Valenciana”. Esta decisión fue tomada en el pleno del Consell de este martes, donde se autorizó a la Abogacía General de la Generalitat a iniciar los trámites necesarios para presentar el recurso, según explicó Susana Camarero, portavoz del Consell y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, en la rueda de prensa posterior al pleno.
Camarero criticó que “el Gobierno establece unilateralmente unos criterios que no han sido debatidos, acordados ni negociados con las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial”, lo que califica como una “imposición clara que vulnera los principios de autonomía financiera, cooperación y lealtad constitucional”. Además, destacó que “el sistema de protección en nuestra comunidad sigue tensionado por la llegada constante de menores”, atendiendo a más de 900 el año pasado. “Actualmente, tenemos una ocupación del 160% en nuestros recursos, lo que hace inviable acoger a los menores que el Gobierno de la Nación pretende trasladar de forma irresponsable”, concluyó.
