Alicante, 4 de abril de 2025
El Ayuntamiento de Benidorm, liderado por su alcalde Toni Pérez, está evaluando diversas opciones para “seguir defendiendo el interés general” tras el fallo del Tribunal Supremo. Este tribunal ha ratificado que el consistorio debe pagar más de 300 millones de euros a las empresas Murcia Puchades Expansión SL y Urban Villajoyosa 2000 SL. La sentencia responde a los derechos urbanísticos de la propiedad de estas compañías en el sector APR-7 del parque natural de Serra Gelada.
El alcalde Pérez ha indicado que aún es prematuro detallar las medidas que adoptarán los servicios jurídicos y económicos del Ayuntamiento, aunque ha señalado que las acciones futuras seguirán alineadas con los numerosos informes técnicos, jurídicos y económicos recopilados sobre el tema. Este mensaje ha sido transmitido en una rueda de prensa, donde ha intentado calmar a la población frente a la inquietud generada después de que el Tribunal Supremo rechazara el recurso interpuesto por el municipio contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) el pasado mayo, que imponía al Ayuntamiento un pago de 283 millones de euros, más los intereses legales correspondientes, a los propietarios de dichas tierras.
Pérez enfatizó que el Ayuntamiento aún tiene recorrido jurídico en relación con estos terrenos y aclaró que no se encuentra en un punto crítico procedimental que les obligue a asumir dicha responsabilidad patrimonial. “Se ha abierto un abanico de posibilidades que evaluaremos cuidadosamente”, afirmó Pérez, quien defendió también que el consistorio “está en capacidad de negociar siempre que la legislación lo permita y que no se pongan en riesgo los intereses generales”.
En relación a este asunto, Pérez señaló la complejidad judicial del caso, debido a la existencia de varios procedimientos abiertos. Por un lado, está la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento relacionada con los convenios de 2003 y 2004, firmados inicialmente por el alcalde del PP Vicente Pérez Devesa y renovados en 2010 y 2013 bajo el gobierno socialista de Agustín Navarro. Estos convenios son el objeto de la providencia del TS que inadmite el recurso municipal. Por otro lado, el Ayuntamiento sigue adelante con el proceso de revisión de oficio y declaración de nulidad de los mismos, contando aún con cinco causas en curso. Dos de estas han sido orientadas favorablemente para el consistorio en primera instancia, aunque están pendientes de apelación ante el TSJCV. Las tres restantes aún no han sido sentenciadas.
Durante su intervención, Pérez destacó que todas las decisiones relativas a estos convenios, adoptadas bajo su administración, están respaldadas tanto por los técnicos municipales como por el Consell Jurídic Consultiu, al igual que por los tribunales de primera instancia, que hasta ahora han respaldado sus argumentos. Criticó que los convenios de 2010 y 2013 se firmaron cuando el suelo ya había sido declarado parque natural, tras ocurrir esto en 2005 con la correspondiente declaración de impacto ambiental.
El alcalde aseguró que su administración ha mantenido consistentemente la postura sobre la nulidad de estos convenios, a diferencia del grupo socialista, cuyas decisiones variaban según el recurrente. Asimismo, solicitó a la portavoz del PSPV, Cristina Escoda, claridad sobre por qué respaldó la renovación de convenios caducados en 2010, y nuevamente en 2013. Subrayó que estas renovaciones se realizaron con el voto de calidad del entonces alcalde Agustín Navarro, apoyado por PSPV y Liberales, en oposición al PP y el concejal no adscrito Juan Ángel Ferrer.
Finalmente, Pérez enfatizó que “Benidorm cuenta con un gobierno honesto y dedicado” y aseguró que la administración local seguirá actuando con integridad, sin comprometer el interés general bajo ninguna circunstancia.
