Salomé Pradas, exconsellera de Justicia y Emergencias, y Emilio Argüeso, ex secretario autonómico del mismo departamento, comparecerán este viernes ante la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja en calidad de investigados por la causa relacionada con la gota fría (dana). Las audiencias se llevarán a cabo en la Ciudad de la Justicia de Valencia, comenzando con Pradas a las 10:00 horas y con Argüeso a las 12:30 horas. Estas son las primeras citaciones como investigados que establece la jueza.
La citación de Pradas fue motivada por su responsabilidad como máxima autoridad en la adopción de medidas de autoprotección durante la riada. En cuanto a Argüeso, su declaración es considerada “necesaria” debido a su “relevancia orgánica y decisoria”. Tras darse a conocer las imputaciones, Pradas emitió un comunicado reafirmando su compromiso con el cumplimiento de sus funciones institucionales el día 29, de acuerdo con la normativa vigente. Subrayó su disposición para esclarecer los hechos y aseguró que colaborará plenamente en el proceso.
La jueza ha señalado que el aviso a la población mediante el sistema Es-Alert, emitido a las 20:11 horas del 29 de octubre, fue “tardío y erróneo”. Además, indicó que la dana “no fue un fenómeno meteorológico imprevisto”, ya que su evolución fue pronosticada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), lo cual llevó incluso a que la Universitat de Valencia suspendiera todas sus actividades.
Según la magistrada, las previsiones meteorológicas debieron haber motivado una convocatoria del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) en la mañana de ese día, para alertar a la población. Sin embargo, la convocatoria se realizó con retraso, a las 17:00 horas, seguido por un retraso adicional en la toma de decisiones para alertar a la ciudadanía.
El Cecopi es un órgano de coordinación de emergencias con diversas administraciones, pero es independiente de las decisiones que puede tomar la protección civil, que tiene la competencia exclusiva para comunicar medidas de protección a la población. La jueza considera que las advertencias sobre la “gravedad de la situación” se hicieron con suficiente antelación, a través de Aemet, el teléfono de emergencias de la Generalitat 112, los medios de comunicación y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).
