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Drones: la nueva herramienta para introducir móviles en las prisiones de Valencia
Recientemente se ha alertado sobre el uso de drones para introducir teléfonos móviles en las cárceles valencianas, un problema que ha sido denunciado en múltiples ocasiones por los funcionarios de prisiones debido a las diversas formas en que se intenta burlar las prohibiciones de uso de estos dispositivos en los centros penitenciarios. El sindicato Acaip-UGT ha manifestado su preocupación al respecto, destacando que los reclusos ahora cuentan con los drones como un aliado para traspasar las restricciones de seguridad.
Desde Acaip lamentan que los funcionarios enfrentan estas situaciones con recursos limitados, mientras que los dispositivos son cada vez más pequeños y fabricados con materiales plásticos, pasando fácilmente desapercibidos por los detectores de metales y siendo escondidos en lugares inesperados. Esto obliga a realizar inspecciones exhaustivas que requieren personal capacitado y suficientes recursos, una situación que no siempre es garantizada en todas las cárceles. El sindicato ha calificado a los drones como una amenaza significativa para la seguridad de los centros.
Acaip-UGT ha explicado que estos drones tienen la capacidad de sobrevolar con precisión las instalaciones penitenciarias y depositar objetos, convirtiéndose en riesgos potenciales casi invisibles para las defensas actuales de los centros.
Ante este escenario, el sindicato hace un llamado urgente para una inversión considerable en tecnología moderna de seguridad. Los inhibidores de señal originales, basados en redes 3G, ya no son efectivos ante los avances en telecomunicaciones. Es crucial, por tanto, dotar a las prisiones de sistemas de inhibición actualizados para evitar tanto el uso de móviles como el sobrevuelo de drones en áreas restringidas, recalcaron en su comunicado.
Es importante recordar que la normativa penitenciaria prohíbe a los internos el uso de teléfonos móviles, ya que su acceso permitiría evadir los controles de comunicación y posibilitaría la continuación de actividades delictivas, como violencia de género o coordinación de redes criminales desde el interior de las cárceles. La prohibición no solo busca seguridad, sino también cumplir con el objetivo constitucional de reeducación y reinserción social.
Situación en Picassent
Los trabajadores penitenciarios han señalado que los teléfonos móviles son uno de los objetos más buscados dentro de las prisiones, advirtiendo sobre el mercado negro que generan y sus consecuencias para el orden interno. Desde 2018 hasta 2024, en la prisión de Picassent se han confiscado un total de 653 dispositivos. Los números para otras prisiones bajo la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ascienden a 12.882 teléfonos incautados. Solo en 2024, se decomisaron 2.884 aparatos, 72 de los cuales se encontraron en Picassent.
Conflictos entre presos
El sindicato Acaip-UGT ha reconocido el esfuerzo y el compromiso de los empleados públicos penitenciarios que, a pesar de las limitaciones, trabajan arduamente para controlar el contrabando. Advierten que estos dispositivos son frecuentemente utilizados por internos especialmente peligrosos, como aquellos condenados por terrorismo, violencia de género o pertenecientes a bandas criminales, quienes tienen restricciones en sus comunicaciones por razones de seguridad. El acceso a estos teléfonos no solo facilita la continuidad de actividades ilegales, sino que también genera conflictos, deudas entre presos y episodios de violencia.
Por ello, Acaip insiste en que asegurar la seguridad dentro de los centros penitenciarios es esencial para la aplicación efectiva de programas de reinserción. La introducción y uso de teléfonos móviles amenaza la convivencia, fomenta la violencia y socava los objetivos del sistema penitenciario. Subrayan que combatir esta amenaza debe ser prioridad para la Administración y abogan por dotar a los trabajadores de los recursos humanos y técnicos necesarios para mantener el orden y la seguridad.
El comunicado de Acaip-UGT concluye con una solicitud de una respuesta gubernamental firme, moderna y efectiva ante esta persistente amenaza. La seguridad en prisiones no puede depender únicamente del esfuerzo de los funcionarios, sino que requiere un compromiso institucional, inversión en tecnología y una planificación estratégica adecuada.