24 de abril de 2025
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Castelló defiende su nueva denominación frente a recursos legales

El Ayuntamiento de Castellón intervendrá en los recursos judiciales contra el cambio de nombre del municipio

El pleno del Ayuntamiento de Castellón ha ratificado hoy, con el respaldo del gobierno municipal compuesto por el PP y Vox, y la oposición de PSPV y Compromís, el decreto de personación del consistorio en los recursos contenciosos administrativos presentados por Ignasi Garcia, portavoz de Compromís; Patricia Puerta, portavoz del Grupo Socialista; la Confederación Intersindical Valenciana y la Plataforma per la Llengua. Estos recursos van dirigidos al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) contra el decreto del Consell de la Generalitat que aprueba el cambio de denominación del municipio a una forma bilingüe.

Durante el debate, Pau Sancho, concejal de Compromís, argumentó que la decisión del Ayuntamiento responde más a intereses políticos que a criterios científicos o lingüísticos. Según Sancho, mantener “Castelló” como forma única no ataca al castellano, sino que preserva el nombre con el que la ciudad ha sido reconocida durante generaciones. Criticó también que el proceso para cambiar el nombre estuvo plagado de irregularidades, al no contar con el respaldo de la Acadèmia Valenciana de la Llengua ni de la UJI, y sin considerar las alegaciones presentadas. “No se debe jugar con la identidad colectiva de un pueblo por intereses políticos”, enfatizó.

Por su parte, José Segura, concejal del PSOE, destacó que el cambio de nombre va en contra de las recomendaciones técnicas en materia de toponimia. Señaló que el nuevo doble topónimo podría debilitar la presencia del valenciano en el ámbito público.

Luciano Ferrer, concejal de Vox, expresó que la no personación del Ayuntamiento podría dificultar la defensa del consistorio. Afirmó que el consistorio tiene la obligación de involucrarse en este contencioso. Finalmente, María España, concejala del PP, defendió que el proceso de cambio de denominación se ha llevado a cabo conforme a las normativas vigentes y que es necesario defender el decreto que aprobó la denominación bilingüe y los acuerdos del Pleno. Concluyó insistiendo en que es responsabilidad del Ayuntamiento proteger sus decisiones.

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