La defensa de Salomé Pradas solicita a la jueza de la dana que invalide la transcripción de su declaración: “Es un esbozo incorrecto”
VALENCIA, 25 Abr. – La representación legal de Salomé Pradas, quien fuera consellera de Justicia e Interior durante la dana, ha solicitado a la jueza encargada de la investigación que anule la transcripción de la declaración que su clienta realizó el pasado 11 de abril. La defensa reclama que se proporcione una transcripción literal, argumentando que el documento entregado a las partes es un “resumen o esbozo” incompleto e incorrecto que no puede considerarse una verdadera transcripción, además de ser “parcial”.
Este pedido se detalla en un escrito presentado en el Juzgado de Instrucción número tres de Catarroja. El abogado defensor de Pradas argumenta que la exconsellera declaró durante casi tres horas y respondió a alrededor de 140 preguntas sobre diferentes áreas, respuestas que describe como “muy extensas y detalladas” y “esclarecedoras para la investigación”.
La defensa sostiene que la detallada declaración de su clienta no fue arbitraria, sino necesaria debido a la gravedad del procedimiento, ya que a Pradas se le imputa el homicidio por omisión de más de 200 personas. En la declaración se abordaron cuestiones cruciales para el avance del procedimiento, tales como la distribución de competencias en emergencias, la cronología del 29 de octubre, la información disponible para Pradas ese día y el funcionamiento del Cecopi, todos ellos aspectos relevantes para los hechos que se consideran delictivos.
El escrito enfatiza que dicha declaración no puede quedar resumida en solo 10 folios, ya que esto sería un resumen incompleto e incorrecto. Además, aunque exista una grabación de la declaración, la defensa argumenta que cualquier transcripción escrita debe reflejar con precisión la realidad para asegurar el derecho a la defensa, incluyendo todos los aspectos esenciales y matices expresados.
En su declaración, Salomé Pradas aseguró que su rol era “institucional” y no contaba con asesores en materia de emergencias, siendo los expertos quienes debían coordinar. Consideró que sería irresponsable no seguir el consejo de los técnicos. Pradas subrayó que podría haber incurrido en una “temeridad” o, incluso, un delito de prevaricación si no hubiese seguido el plan.
En la declaración, solo respondida a preguntas de su abogado, Pradas afirmó que los planes de emergencia están diseñados para ser aplicados automáticamente, sin necesidad de tomar decisiones, y que ella carecía de conocimientos técnicos en emergencias. No contaba con asesores en la materia, ya que su equipo se componía de una jefa de gabinete, un jefe de prensa, y asesores de asuntos parlamentarios y generales.
Por otro lado, señaló que el comité asesor del Cecopi era el encargado de la coordinación ante la dana, mientras que tanto ella como la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, actuaban como representantes institucionales, sin ser expertas en el tema.
Pradas también puso énfasis en la falta de información proporcionada por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y negó que se estuviera esperando al president, Carlos Mazón, para emitir la alerta a la población.
