El PSPV acusa a Mazón de querer privatizar las infraestructuras y transformarlas en un negocio
Valencia, 27 de abril – El PSPV-PSOE ha acusado al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y al Partido Popular de buscar “convertir las infraestructuras de la Comunitat Valenciana en un negocio privado”. Según la formación, “todos los valencianos y valencianas sabemos que de negocio en el Partido Popular saben mucho”.
El secretario de Infraestructuras, Transportes y Movilidad Sostenible del PSPV-PSOE, Pere Rostoll, ha expresado su “enorme preocupación” por el anuncio del conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, sobre la construcción del desdoblamiento de la CV-95 en la Vega Baja. Este proyecto se llevará a cabo “a través de un pago por concesión que elimina de un plumazo las cantidades previstas en los presupuestos autonómicos, poniendo el derecho de los ciudadanos a la movilidad en manos privadas”, según ha destacado el partido en un comunicado.
Rostoll ha calificado la decisión del Consell respecto a la CV-95 como “muy preocupante” porque, a su juicio, “convierten las infraestructuras en un negocio inflando los costes”. Ha añadido que “la conversión de la CV-95 en un proyecto privado evidencia, una vez más, la voluntad destructiva del PP de liquidar el Vega Renhace del Botànic y pone en evidencia la falta de proyecto de Mazón tanto para la Vega Baja como para toda la Comunitat Valenciana”.
El dirigente socialista ha criticado que “en el Consell se desechó una iniciativa pública para impulsar la comarca tras la dana sufragada con los presupuestos, para ahora dedicarse a regalar las infraestructuras al sector privado”. También ha insistido en que “no están en la solución de los problemas de la gente, están en su negocio”.
Según el PSPV-PSOE, la operación del Consell con la CV-95 “tiene daños colaterales” que “afectarán directamente a la ciudadanía”. Con este modelo de negocio para las infraestructuras, el futuro de los presupuestos quedaría hipotecado con pagos a la empresa concesionaria que podrían extenderse hasta 40 años, de acuerdo con la ley. Además, el mantenimiento de la carretera también quedaría en manos de la concesionaria, lo que trasladaría la seguridad vial de los ciudadanos al sector privado.
“Nos van a hipotecar para el futuro, como ya hicieron durante 20 años, y encima van a traspasar la seguridad vial de las personas en esa carretera al negocio privado. Es absolutamente inadmisible”, concluyó.
