El Ayuntamiento de Valencia ha aprobado una moratoria para los apartamentos turísticos, estableciendo una de las regulaciones más estrictas de España para evitar la proliferación de este tipo de alojamientos en los barrios de la ciudad. El pleno municipal, celebrado este miércoles, aprobó la medida con el respaldo del equipo de gobierno y la oposición de Compromís y el PSPV. Esta propuesta contempla una exposición pública de 45 días para modificar las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Valencia que regulan los usos terciarios hoteleros.
Juan Giner, concejal responsable del Área de Urbanismo, Vivienda y Licencias, destacó que esta iniciativa representa «la clara voluntad del gobierno municipal de detener la proliferación de estos alojamientos». En el debate, Borja Sanjuan, portavoz del PSPV, criticó que la regulación debería aplicarse a todos los barrios y advirtió sobre la posible apertura de 6.000 nuevos apartamentos. Sanjuan afirmó que acuerdos como el aprobado «benefician a quienes creen que Valencia está en venta, para visitar y no para vivir».
Por su parte, Papi Robles, portavoz de Compromís, expresó que la normativa podría llevar a un aumento de plazas turísticas, especialmente en áreas saturadas como Ciutat Vella. Robles señaló que el vecindario no solo compite con viviendas turísticas, sino también con nuevas instalaciones hoteleras.
El concejal Giner agregó que la normativa busca mantener el equilibrio turístico en los barrios y que el equipo de gobierno está trabajando con una visión restrictiva y de futuro para proteger a los residentes y potenciar los comercios locales. La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, cerró el debate defendiendo el enfoque de su gobierno en materia de vivienda y regulaciones. Informó que en su mandato se han puesto en marcha más de 1.000 viviendas de protección oficial y se han intensificado las inspecciones a actividades turísticas no reguladas.
La normativa propuesta, tras su tramitación y aprobación ambiental, aplicará restricciones significativas, como la prohibición de nuevas plazas turísticas en distritos que superen el 8% respecto al número de residentes empadronados. Asimismo, se limitará el uso de viviendas turísticas al 2% del total de viviendas residenciales en cada barrio, con excepción de Ciutat Vella, que tiene una normativa propia. Además, se protegerá el comercio estableciendo que solo el 15% de los locales en cada manzana podrán convertirse en viviendas turísticas, reservando el 85% restante para otros usos comerciales.
En otro asunto, el pleno del Ayuntamiento de Valencia rechazó la creación del nuevo Consejo Local de Inclusión y Derechos Sociales debido a los votos en contra de Compromís y el PSPV, junto con la abstención de Vox. Pese a los 13 votos a favor del Grupo Popular, la iniciativa no prosperó. Este consejo buscaba adaptar la participación social de la ciudad a la Ley de servicios sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana.
