Acusan a Bernabé de inacción tras declaración judicial
Varias acusaciones particulares y populares en el caso de la dana insisten en la imputación de Pilar Bernabé, delegada del Gobierno, especialmente después de su declaración testifical de siete horas, cuya transcripción aún no está disponible. Salomé Pradas, exconsellera, y Emilio Argüeso, su segundo al mando, han presentado impugnaciones sobre las transcripciones de sus declaraciones, alegando que no reflejan fielmente sus palabras.
Una acusación, que representa a familiares de dos víctimas y también solicita la imputación del presidente Mazón, presenta un decálogo de razones para cambiar el estatus procesal de Bernabé. Señalan que manejaba toda la información relevante el 29 de octubre, lo que debería haberla llevado a instar al Ministerio del Interior a declarar emergencia de interés nacional. La acusación argumenta que hubo una evidente falta de medios e incapacidad de gestión del Cecopi, liderado por la consellera de Interior. Además, involucra al presidente Mazón en la inacción, aunque sin argumentar con la misma contundencia que en el caso de Bernabé. Se denuncia un fallo sistémico en la previsión y manejo de la catástrofe.
Por otro lado, la organización Liberum, que también representa a una familia afectada, demanda la imputación de Bernabé y que se examinen los eventos relacionados con la presa de Forata, además del desbordamiento del barranco del Poyo. Según Liberum, la evacuación del agua es competencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar. También critican que no se solicitara la declaración de emergencia, sustentando su posición con reportes periodísticos que indicaban que la situación de emergencia no estaba confinada a un área específica. Resaltan la contradicción entre la afirmación de Bernabé de que se enteró del desbordamiento en Utiel por los medios y el hecho de que la CHJ suministraba información continua sobre los cauces. Ahora, la decisión recae en la Audiencia.
