La vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha destacado que la Generalitat Valenciana se opondrá a la propuesta del Gobierno de implementar un mecanismo de acogida para menores migrantes no acompañados, argumentando que no se ha contado con la participación de las comunidades autónomas.
Camarero expresó esta postura antes de asistir a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, donde se presentará para votación de las autonomías el Real Decreto del Gobierno central sobre el reparto de menores migrantes, según un comunicado de la Generalitat.
La vicepresidenta criticó la iniciativa al considerarla una “falta de respeto institucional”, afirmando que fue convocada ignorando el reglamento para usurpar competencias de las autonomías, algo que desde la Comunidad Valenciana no permitirán. Según Camarero, el reparto propuesto beneficiaría a los intereses de los socios independentistas de Pedro Sánchez, lo que generaría desigualdades entre las comunidades autónomas.
Asimismo, lamentó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, busque que las comunidades autónomas ratifiquen un decreto que, según ella, es inconstitucional por invadir competencias autonómicas y que utiliza la situación de los menores migrantes para satisfacer demandas independentistas catalanas. En consecuencia, anunció que la Generalitat presentaría un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional por esta decisión, calificándola como una clara interferencia en las competencias de la Comunitat Valenciana en protección de menores.
Camarero también rechazó los criterios de reparto de menores desde Canarias propuestos por el Gobierno, alegando que no reconocen el esfuerzo de comunidades como la Valenciana en la acogida de menores durante años.
Destacó que el sistema de protección valenciano se encuentra “tensionado”, con una ocupación cercana al 160% a pesar de las ampliaciones de plazas el año pasado. Subrayó que Valencia es una comunidad solidaria, pero también receptora, y no puede asumir nuevas cargas sin una política migratoria seria que aborde la situación en los países de origen.
Por responsabilidad y para mantener la calidad en el sistema de protección, la Generalitat votará en contra del reparto propuesto, el cual, según Camarero, perpetúa una distribución injusta que no reconoce el compromiso de varias comunidades.
La vicepresidenta instó al Gobierno a no utilizar la crisis migratoria de menores como herramienta política y a asumir su responsabilidad como Estado, destacando la falta de un plan de actuación responsable y humanitario, adecuado para la llegada de menores migrantes en situación de vulnerabilidad.
Por último, Camarero criticó la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Infancia, resaltando que no cumplió con los procedimientos reglamentarios necesarios, y calificó de vergonzosa la utilización de estas conferencias como justificación para ceder al separatismo catalán. Recriminó el intento del Gobierno de Sánchez de que las comunidades aprueben un reparto calculado políticamente, que otorgaría un alto porcentaje de menores a regiones como Madrid, Andalucía y Valencia, mientras Cataluña recibiría significativamente menos.
Concluyó acusando a Sánchez de haber ya pactado con Cataluña, buscando ratificar un Real Decreto Ley sin consulta previa con las comunidades, lo que considera una cesión adicional al independentismo catalán para mantenerse en el poder en La Moncloa.
