El PSPV acusa a Catalá de priorizar piscinas privadas sobre viviendas públicas
El portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Borja Sanjuan, ha criticado la política de vivienda de María José Catalá, afirmando que esta ha optado por desistir de la construcción de viviendas públicas en favor de nuevas promociones que incluyen piscinas y áreas comunes. Según Sanjuan, esto incrementa el valor de los inmuebles, dificultando que los residentes de Valencia puedan acceder a ellos.
Sanjuan ha señalado que en los Proyectos de Actuación Integrada (PAI) gestionados por el gobierno de Catalá, no se considera la incorporación de viviendas públicas dotacionales. Estas viviendas, destinadas a mantener su carácter público, no pueden ser entregadas a promotoras o fondos de inversión, motivo por el cual el Partido Popular no las incluye. Sanjuan, junto con la concejala socialista María Pérez, ha detallado que ni el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) de San Miguel de los Reyes, ni el Área Funcional de Campanar (donde solo hay 23 viviendas debido a una modificación del gobierno anterior), ni los PAI del Grao, ni del Parque Central contemplan la inclusión de viviendas dotacionales públicas. En Benimaclet, solo existen 79 de un total de 1.345 viviendas.
Este enfoque marca una ruptura con la política de vivienda gestionada anteriormente por los socialistas desde Urbanismo durante ocho años. Sanjuan ha recordado que, en su momento, el PAI del Grao proponía un 13% de vivienda pública, el Plan Especial del Cabanyal incluía un 64% y se añadía un 60% de Vivienda de Protección Pública (VPP) en el Cabanyal. En Benimaclet, se eliminaron áreas comunes privadas para ganar 15.000 metros cuadrados destinados a viviendas dotacionales. Catalá, por su parte, ha introducido la exigencia de que las nuevas promociones incorporen piscinas y zonas comunes para dificultar la inclusión de viviendas públicas.
María Pérez ha señalado que en los PAI gestionados por Catalá se planifica un tipo de vivienda que, en lugar de bajos comerciales, incluye vallas con zonas comunes como gimnasios, piscina y pistas de pádel. Este tipo de vivienda, según un estudio de Idealista, incrementa el costo de las propiedades un 65% en general y un 38% específicamente en Valencia. Según Pérez, esto implica que las políticas del Partido Popular de Catalá están obligando a las familias valencianas a pagar un 38% más que si las viviendas tuvieran bajos comerciales. Pérez sostiene que Catalá favorece las ganancias de los promotores sobre el alivio económico de los ciudadanos.
En este contexto, los socialistas proponen que todos los PAI incluyan, como mínimo, un 20% de vivienda pública dotacional adicional respecto al total de viviendas previstas en el planeamiento. Esto permitiría la construcción de 533 viviendas públicas en el Grao, 269 en Benimaclet, 1.000 en el Parque Central y 115 en San Miguel de los Reyes, sumando un total de 1.917 viviendas que los valencianos no podrán disfrutar para permanecer en su ciudad y barrios, según concluye Pérez.
