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Conflicto vecinal en Algirós por la construcción de apartamentos turísticos
Los residentes de cuatro edificios en la calle Poeta Mas i Ros, en el barrio de Algirós, Valencia, están protagonizando una protesta contra los propietarios de nuevos apartamentos turísticos en la planta baja de sus fincas. Las obras, que incluyen la instalación de grandes lucernarios en áreas que los vecinos consideran comunes, han derivado en un conflicto judicial que no ha detenido los trabajos. El lunes se celebró un juicio, y en un intento de detener las obras, los vecinos han recurrido a la resistencia pacífica al situarse físicamente sobre las áreas afectadas.
La oposición ha instado al gobierno local a intervenir, aunque el Ayuntamiento defiende que la licencia es válida y el caso está en manos de la justicia. Juan Giner, concejal de Urbanismo, ha manifestado que no procederán acciones ajenas al proceso judicial. La moratoria sobre apartamentos turísticos está vigente, pero las obras comenzaron antes de su ejecución. La asociación La Mataobras ha difundido la situación, resaltando que el área afectada era un patio interior usado por los vecinos para diversas actividades.
Las formaciones políticas Compromís y PSPV-PSOE han exigido a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, que ordene la “paralización inmediata” de los trabajos. Papi Robles, portavoz de Compromís, ha criticado la inacción de Catalá y exige la caducidad de la licencia. Robles insta al gobierno municipal a tomar medidas para revocar todas las licencias potenciales de apartamentos turísticos, argumentando que las obras están afectando negativamente la vida de los residentes y transgrediendo normativas vigentes.
Desde el PSPV-PSOE, Borja Sanjuán también ha solicitado la detención de las obras, describiendo la situación como un claro ejemplo de especulación urbanística. Sanjuán ha expresado que antes de otorgar licencias, se debe verificar que existan los permisos necesarios de parte de la comunidad de propietarios. El concejal recalca que los vecinos se ven obligados a luchar legalmente para mantener sus hogares como espacios residenciales y no turísticos.
En defensa del Ayuntamiento, Juan Giner ha mencionado que la posibilidad de convertir plantas bajas en viviendas surgió de modificaciones normativas impuestas por los anteriores gobiernos de izquierda. Giner ha explicado que, tras la paralización inicial de las obras en septiembre de 2023, se concedió la correspondiente licencia en enero de 2024. Asimismo, ha aclarado que la propiedad de los espacios donde se instalan los lucernarios está siendo dirimida en los tribunales.
Mientras las tensiones continúan, el gobierno local insta a la oposición a evitar manipular políticamente el asunto, recordando que las actuales normativas son herencia de gestiones pasadas.
