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La Universitat Politècnica de Valencia (UPV) ha vuelto a llamar la atención sobre la amenaza que representan los asentamientos en el antiguo cauce del río en Valencia, una situación que refleja los problemas de acceso a la vivienda, particularmente agudos en España y en ciudades grandes como Valencia. La Cátedra Observatorio de la Vivienda de la UPV ha estudiado este fenómeno durante años mediante informes trimestrales sobre la ciudad y su área metropolitana. En su análisis del primer trimestre de este año, la UPV destaca la creciente presencia de personas sin hogar en el antiguo cauce, afirmando que este riesgo ya no es solo una hipótesis, sino una amenaza tangible que se puede observar fácilmente al recorrer el Jardín del Turia.
Semanas atrás, se informó sobre la existencia de más de cien asentamientos de personas sin hogar en esta extensa zona verde. Estos campamentos se encuentran bajo los puentes históricos, junto a los pretiles laterales, en medio de los jardines o escondidos entre los arbustos. La comunidad local ha denunciado esta realidad, que no ha pasado desapercibida por la academia. El Observatorio de la Vivienda recalca que ya habían advertido del riesgo de que, ante la dificultad de acceder a vivienda formal, comenzaran a proliferar asentamientos informales en la ciudad.
Se mencionan factores como la llegada de inmigrantes y el crecimiento sostenido de hogares que requieren de una respuesta inmediata para abordar la emergencia habitacional. La UPV señala que Valencia se encuentra en un estado preocupante con la oferta de obra nueva desplomándose, afectando así el equilibrio del mercado y el acceso a una vivienda digna, especialmente para los jóvenes y los inmigrantes. La falta de nueva construcción afecta a casi la mitad de los barrios, lo que desplaza la demanda hacia el área metropolitana y distritos con algo de actividad.
Los precios de la nueva construcción rondan los 3.500 euros por metro cuadrado, mientras que en los alrededores de Valencia superan los 3.000 euros en algunas localidades. El alquiler, lejos de ser una opción viable, se ha convertido en una carga con costos mensuales promedio de 1.674 euros, lo cual, según la UPV, no solo expulsa a las familias más vulnerables, sino que también atrapa a las clases medias. Esto contribuye a una espiral de exclusión que amenaza con desequilibrar el tejido social de Valencia. El Observatorio de la Vivienda urge a activar la producción de vivienda protegida, actualmente muy escasa, y apremia a la Generalitat a publicar cuanto antes el módulo dinámico para establecer precios en la vivienda de protección pública (VPP).
Por otro lado, el Ayuntamiento ha señalado que la dana del 29 de octubre pasado ha sido un factor que ha incrementado significativamente el número de campamentos en el antiguo cauce del río. Tras el análisis realizado, se constató que gran parte de los asentamientos están bajo los puentes, especialmente el de San José, con una veintena de campamentos, y dos de cada tres se distribuyen entre los puentes del Real y Glorias Valencianas. La plataforma Sense Llar CV informó que tras la riada que destruyó varios asentamientos en el área metropolitana, muchos desplazados optaron por trasladarse a la capital.
Fuentes municipales indican que en colaboración con asociaciones y oenegés se ha identificado que un alto porcentaje de personas en el río padecen problemas mentales o de adicciones. Muchas de estas personas rechazan las soluciones ofrecidas por la administración. Al mismo tiempo, los Servicios Sociales en Valencia buscan aumentar la capacidad de alojar a personas sin hogar, quienes actualmente son unas mil al año.
La alcaldesa María José Catalá se reunió recientemente con la nueva presidenta de la Asociación Valenciana de Casa Caridad, Elena Sánchez Calvo, y la directora gerente Guadalupe Ferrer, para abordar el incremento de asentamientos. Ambas partes se comprometieron a trabajar conjuntamente para estudiar los diferentes perfiles de estas personas y ayudarlas a salir de la situación de sinhogarismo.
Entre las medidas municipales está la ampliación de un convenio con la Cruz Roja para el funcionamiento continuado del CAES de Santa Cruz de Tenerife durante todo el año, así como su ampliación para incrementar su capacidad. También se han intensificado las colaboraciones con ‘Salud y comunidad’ y ‘Sant Joan de Déu’ para ofrecer más plazas de alojamiento urgente.
Por otra parte, el Casal d’Esplai de Rocafort, de propiedad municipal, estuvo abierto durante la operación frío 2023-2024 para alojar a familias hasta el 1 de abril de 2024, y actualmente se tramita su gestión tras haber permanecido cerrado. La legalización de su actividad está en proceso por parte del Ayuntamiento de Rocafort.
