Los padres de una menor fallecida en Requena reclaman a Sanidad 186,000 euros
Los padres de Isabel, una joven de 16 años que sufría anorexia y falleció al caer desde el balcón de su casa en Requena, han demandado a la Conselleria de Sanidad una compensación de 186,000 euros. Acusan a la entidad de “inacción” al no aplicar protocolos para tratar la enfermedad de su hija. Esta suma corresponde a la indemnización reclamada para cada uno de los padres y el hermano de Isabel, según su abogado.
Han pasado tres años desde el trágico suceso, y Mª Dolores Hernández y Rafael Martínez decidieron recurrir a la vía civil tras el archivo de una querella contra la psiquiatra y psicóloga que trataban a Isabel en la Unidad de Salud Mental de Requena. También se quejan de la falta de información sobre una investigación externa. Su recurso fue presentado ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 8 de Valencia, tras lo que consideran un silencio administrativo y la inacción por parte de la Conselleria.
Los padres argumentan que las terapeutas no aplicaron los protocolos necesarios, lo que contribuyó al trágico desenlace, y privaron a Isabel de la oportunidad de mejorar. Presentan informes de peritos que respaldan su opinión de que la atención proporcionada a Isabel no fue adecuada para su condición de salud mental.
Un perito, tras revisar la historia clínica, concluyó que si se hubiera considerado la gravedad de la situación de Isabel y las advertencias de los padres, se podrían haber tomado medidas para evitar el desenlace fatal. Destaca que no se consideró la gravedad en la última consulta, cuando Isabel expresaba pensamientos suicidas. En vez de un ingreso urgente, fue puesta en lista de espera para la Unidad de Tratamientos de la Conducta Alimentaria (UTCA) de La Fe.
Otra perito señaló que Isabel estaba medicada con fármacos que incrementaban el riesgo de conductas suicidas. La Conselleria, tras una investigación interna, reconoció que la atención prestada se había ajustado a la práctica clínica convencional, pero admitió que “no se adoptaron todas las medidas necesarias” en la última consulta de mayo de 2022.
Rafael Martínez, padre de Isabel, cuestiona la utilidad de protocolo antisuicidio de la Comunitat Valenciana si no se aplican adecuadamente, y denuncia que no hay consecuencias por su incumplimiento. No culpa a las profesionales de la decisión de su hija, sino de no hacer su trabajo, de ser negligentes, y señala que su hija había solicitado ayuda.
Los padres se sienten “maltratados y desamparados por el sistema” y lamentan tener que solicitar una indemnización, que consideran una carga para todos los contribuyentes debido a la negligencia. Critican el “corporativismo de sus superiores” que, dicen, impide el correcto funcionamiento de la administración. Reiteran que no persiguen dinero, sino que buscan que los negligentes no interfieran en el buen hacer de los profesionales y evitar más casos parecidos. Instan a los profesionales de salud mental a mostrar más empatía y humanidad, y piden a las administraciones más control y formación.
Rafael y Dolores han estado luchando durante estos tres años para mejorar la situación de la salud mental, especialmente en adolescentes, solicitando más recursos, formación profesional y preparación para las familias afectadas.
