Valencia, 27 de mayo de 2025.
El Consell ha dado luz verde al anteproyecto de ley destinado a mejorar la Renta Valenciana de Inclusión (RVI), un esfuerzo liderado por la Vicepresidencia primera y la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda. La iniciativa busca adecuar la normativa vigente a las “realidades sociales actuales”, priorizando la dignidad, la inclusión activa y la equidad.
Durante una rueda de prensa, Susana Camarero, vicepresidenta primera y portavoz del Consell, destacó que la revisión del marco legal llega en un “momento clave”, después de varios años de implementación. La RVI ha sido esencial en la lucha contra la pobreza y la exclusión social, pero, conforme a Camarero, los “cambios sociales y económicos” han evidenciado la necesidad de actualizarla. El objetivo es facilitar el acceso, garantizar derechos y reforzar su función como herramienta de inclusión social, abordando las causas subyacentes de la pobreza.
La actual Ley 19/2017 de Renta Valenciana de Inclusión, en vigor desde diciembre de 2017, requiere una revisión para mejorar el modelo y ofrecer respuestas más efectivas a las necesidades de los ciudadanos valencianos. El Consell asegura su compromiso con garantizar el derecho a una prestación económica y a la inclusión social, con el fin de evitar que cualquier unidad de convivencia carezca de recursos para sus necesidades básicas.
El proceso de creación de este anteproyecto se ha realizado con la participación de colegios profesionales, servicios sociales municipales, ONG y personas vulnerables. Uno de los pilares fundamentales es la simplificación normativa y de acceso a la RVI, lo que permitirá que un mayor número de personas puedan beneficiarse de la prestación. Esto incluye la ampliación de perfiles beneficiarios, como jóvenes, mayores de 65 años y personas que puedan combinar la RVI con otros subsidios.
Un aspecto relevante del nuevo enfoque es el papel revalorizado de los profesionales de servicios sociales municipales, quienes ahora podrán centrarse exclusivamente en la intervención social y el acompañamiento, liberándose de la carga administrativa. La Dirección General de Inclusión y Cooperación asumirá la instrucción de expedientes para agilizar los trámites.
Además, se fortalecen los itinerarios de inclusión social para que la RVI no sea solo un apoyo económico, sino también una herramienta de integración efectiva. Se fomenta la tramitación electrónica y se garantiza la atención presencial para quienes lo necesiten.
Una de las principales actualizaciones es la compatibilidad de la RVI con ingresos laborales, eliminando barreras e incentivando la inserción laboral. Esto incluye incentivos al empleo y la imposibilidad de rechazar ofertas adecuadas de trabajo, reafirmando el compromiso con la activación laboral de los beneficiarios. La prestación será compatible con otros ingresos públicos o privados, incluidas prestaciones por desempleo.
El proyecto también garantiza medidas de apoyo a los grupos más vulnerables, priorizando las familias con menores, familias monoparentales y personas con problemas de salud mental. Se introduce un complemento para la infancia, que podría llegar hasta 180 euros mensuales por familia, y un complemento de emergencias que incrementará la prestación en un 15% durante situaciones oficialmente declaradas de emergencias.
Por último, se incorporará la opción de efectuar el pago de la RVI mediante medios prepago, facilitando la inclusión financiera para quienes afronten dificultades con el sistema bancario tradicional.
