El Ayuntamiento de Valencia ha decidido someter a revisión los contratos adjudicados a las empresas relacionadas con la trama Ábalos durante los gobiernos de PSPV y Compromís. Esta moción fue aprobada tras un largo debate, a raíz de la revelación de que el anterior gobierno municipal, bajo la dirección de Joan Ribó, adjudicó contratos por un valor de 3,5 millones de euros a una de las empresas implicadas en el caso Ábalos-Koldo-Cerdán. No se investigará el periodo entre 2023 y 2025, ya que “la trama ya estaba fuera del Consistorio”, según Juan Carlos Caballero. También se descartó incluir en esta revisión a Valencia Activa, entidad investigada después de la gestión de Vox.
El acuerdo establece que todos los servicios municipales, organismos autónomos, entidades públicas, sociedades mercantiles de capital municipal, consorcios, fundaciones y otros entes del sector público local deben enviar, en un plazo de treinta días, la documentación requerida a la Coordinación General de la Alcaldía. Esta documentación incluirá contratos, expedientes de contratación, pedidos, encargos a medios propios, contratos menores, órdenes de pago, facturas y demás documentos justificativos, incluso si no existe un contrato formal, correspondientes al periodo 2015-2023. Se pide especial atención a contratos con Levantina, Ingeniería y Construcción, Acciona y otras empresas mencionadas en el caso Ábalos-Koldo-Cerdán. La información se enviará también a las autoridades judiciales pertinentes.
Durante el debate, Caballero destacó que estos contratos, financiados con dinero público, están vinculados a una de las mayores tramas de corrupción de los últimos años y preguntó al plenario si alguien podría oponerse a su revisión. Caballero afirmó que se quiere saber cada detalle de los contratos y si algún concejal recibió instrucciones de Ábalos o de otros miembros de la trama para contratar con la empresa implicada. Añadió que, una vez conocida la información, se notificará a las instancias judiciales competentes.
Caballero expresó su preocupación por la influencia de José Luis Ábalos, quien fue concejal de Valencia, y recordó que el mismo día que se conoció el informe de la UCO, la delegada del Gobierno lo defendió públicamente, afirmando que eran mentiras y frases sacadas de contexto. Señaló que la sombra de Ábalos es tan alargada que, incluso tras las acusaciones, sus correligionarios no se distanciaron de él.
Durante el debate, Compromís y PSPV intentaron incluir en la revisión los contratos de Valencia Activa y extenderla hasta 2025, pero estas propuestas no prosperaron. El portavoz de Compromís, Papi Robles, recordó que su partido presentó una moción para evitar contratos con empresas involucradas en corrupción, la cual fue rechazada por el PP. Por su parte, Juanma Badenas, edil responsable al principio de esta legislatura de Valencia Activa, se mostró a favor de investigar las contrataciones de dicha entidad.
En otro orden de temas, el pleno abordó nuevamente el caso Ábalos debido a comentarios despectivos hacia mujeres acusados al político. Rocío Gil y otros concejales expresaron su repudio a estos comentarios. Asimismo, el PSPV propuso el cese de la edil Cecilia Herrero por presuntos comentarios xenófobos, pero PP y Vox votaron en contra.
En referencia a Valencia Activa, el portavoz de Vox, José Gosálbez, anunció que el lunes se convocará al patronato para discutir su extinción y liquidación. A partir del 1 de septiembre, las áreas de Emprendimiento o Empleo asumirán sus funciones.
Finalmente, se abordó el funcionamiento de los Servicios Sociales en materia de dependencia. Lucía Beamud, edil de Compromís, criticó la existencia de “listas B”, mientras que Marta Torrado, del PP, destacó el incremento del personal en este área.
El pleno comenzó con un minuto de silencio en memoria de una mujer y su hijo asesinados en Algemesí.
