Alicante, 27 de junio de 2025
La Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos FAMPA Enric Valor Alicante y la Confederación de AMPA Gonzalo Anaya han expresado su rechazo a la reciente aprobación, en el pleno del Ayuntamiento de Alicante, de una declaración institucional que busca modificar la Llei d’Ús i Ensenyament del valencià para incluir la ciudad de Alicante en la zona de predominio lingüístico castellano. Los promotores de esta propuesta, el Partido Popular (PP) y Vox, han sido acusados por estas organizaciones de intentar “exterminar” el valenciano.
Desde la mayoritaria organización de AMPA critican esta decisión, argumentando que “la lengua propia de la Comunitat Valenciana, así como de la ciudad de Alicante, es el valenciano, y tiene el mismo estatus oficial que el castellano en el Estado Español. Todos tienen derecho a conocerlo, utilizarlo y recibir enseñanza en valenciano”.
Las asociaciones hacen un llamado a la Generalitat Valenciana para “proteger el valenciano y asegurar un uso normal y conocimiento de las dos lenguas oficiales”. Paula Barceló, portavoz de la FAMPA Enric Valor Alicante y vicepresidenta de la Gonzalo Anaya, señaló en un comunicado que “además de intentar exterminar el valenciano, la declaración implica que el alcalde Barcala y su equipo discriminan a las personas de Alicante que hablan, estudian o desean aprender valenciano”.
Barceló también expresó su preocupación por las posibles repercusiones educativas. “Si se consuma la modificación legislativa, los estudiantes podrían perder la oportunidad de aprender en valenciano, lo que les privaría de competencia lingüística y significaría un retroceso y desventaja futura para nuestras hijas e hijos”, advirtió.
Las AMPA apoyan, además, los argumentos históricos proporcionados por la Universidad de Alicante sobre la pertenencia de la ciudad a una zona de predominio lingüístico valenciano. Subrayan la necesidad de que las administraciones ofrezcan especial protección y respeto a la recuperación del valenciano, en lugar de intentar “exterminarlo” como, según denuncian, pretende un sector político del Ayuntamiento de Alicante.
Por ello, han exigido a la Generalitat Valenciana “la máxima protección para el valenciano, tal como expresa claramente el Estatuto de Autonomía y la LUEV”.
