La jueza que investiga la gestión de la dana solicita información a la CHJ sobre el control del Poyo y las alertas del Magro del 29 de octubre
Valencia, 18 de junio. La magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, encargada de investigar la gestión de la dana, ha requerido a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) detalles sobre un punto de control en el barranco del Poyo. Además, ha solicitado una lista de alertas emitidas respecto al río Magro el 29 de octubre, así como la identificación de los trabajadores que ese día operaron en el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), particularmente aquellos con funciones de guardia.
Esta solicitud se produjo tras una petición de la defensa de Salomé Pradas, exconsellera de Justicia e Interior, investigada en el caso. De acuerdo con el auto, que se ha tenido acceso, se han pedido los datos relacionados con el punto de control ‘Poyo-Massanassa’ en la rambla del Poyo. Una testigo había declarado en el Senado que este punto de control estaba en pruebas, por lo que la magistrada ha exigido confirmación y detalles sobre si se generaron datos el 29 de octubre de 2024. Se ha dado un plazo de cinco días para aportar esta información.
La jueza también ha ordenado a la Policía Judicial de la Guardia Civil que entregue al proceso judicial una grabación de una llamada registrada en el sistema Coordcom del Centro de Coordinación de Emergencias. Esta solicitud está basada en el testimonio de un testigo que hizo referencia a una comunicación de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) indicando que las lluvias se dirigían hacia la serranía de Cuenca. La magistrada ha descartado obtener una copia completa del sistema Coordcom debido a que esto incluiría comunicaciones irrelevantes para el caso. Sin embargo, ha señalado que es válido obtener la grabación específica en cuestión.
Por otro lado, la jueza ha denegado otras diligencias al considerar que no están relacionadas con la investigación o resultan redundantes. Entre estas se incluye la testifical del secretario autonómico de Medio Ambiente de la Generalitat y detalles administrativos de la licitación del servicio SAIH.
Respecto a los bomberos forestales, en un segundo auto, la instructora ha solicitado a la Conselleria de Emergencias de la Generalitat y al Consorcio Provincial de Bomberos que en cinco días faciliten información sobre la movilización de efectivos para vigilar puntos críticos como el río Magro, el barranco del Poyo, el puente de Carlet y áreas de Torrent, Picanya y Paiporta el 29 de octubre. Este requerimiento se produce un día después de que la Jefa de Servicio de Extinción de Incendios Forestales asegurara en su declaración como testigo que, ese día, los bomberos forestales fueron movilizados a las 12.48 horas para controlar varios puntos, pero no supo precisar cuándo ni quién ordenó su retirada.
Además, se pide al Consorcio un informe sobre los rescates realizados el 29 de octubre y se ha citado a declarar a un miembro de su plantilla como testigo. También se ha solicitado un convenio de colaboración entre la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias y el Consorcio de Bomberos del año 2024.
