Rebeca Torró adjudicó contratos a firma vinculada al caso Koldo

Contexto del escándalo: la conexión entre política y contratos públicos

La diputada socialista Rebeca Torró, actual secretaria general del PSPV en Les Corts y exconsellera en el gobierno de Ximo Puig, se encuentra en el centro de una polémica tras desvelarse que adjudicó contratos públicos a una empresa presuntamente vinculada al caso Koldo. Esta investigación judicial, que ha sacudido a las altas esferas del PSOE, pone bajo lupa una vez más el manejo de los recursos públicos en contratos durante la pandemia de COVID-19.

El caso, que estalló a nivel nacional, implica presuntos delitos de corrupción, tráfico de influencias y malversación en la contratación de material sanitario. Las nuevas informaciones relacionan a instituciones valencianas, y más concretamente a Torró, con adjudicaciones a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, acusada de haber recibido contratos irregulares por parte de varias administraciones públicas.

¿Quién es Rebeca Torró y cuál es su papel en la Generalitat Valenciana?

Rebeca Torró actualmente es diputada autonómica en el grupo socialista y secretaria general del PSPV en el Parlamento Valenciano. Sin embargo, el foco se dirige a su antigua etapa en la Generalitat, donde desempeñó funciones tanto en la Conselleria de Economía Sostenible como en la Conselleria de Política Territorial.

• En 2020, ejerció como secretaria autonómica de Economía Sostenible.
• Durante ese periodo se formalizó un contrato de más de 3,3 millones de euros con la empresa investigada.
• Posteriormente fue consellera de Política Territorial, sin relación directa con las contrataciones sanitarias.

Aunque Torró ha negado irregularidades, la conexión entre su cargo y el proceso de adjudicación ha generado dudas sobre la transparencia y los criterios utilizados para asignar el contrato.

La empresa señalada: Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL

La firma Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL es uno de los ejes centrales del caso Koldo. Esta sociedad fue beneficiaria de varios contratos públicos durante la emergencia sanitaria declarada por la pandemia, aprovechándose presuntamente de sus vínculos con altos funcionarios del gobierno nacional. Su actividad despertó sospechas al presentar proveedores sin experiencia sanitaria y márgenes comerciales elevados.

Según investigaciones judiciales, la empresa recibió adjudicaciones millonarias por parte de instituciones como:

• El Ministerio de Transportes, durante la etapa de José Luis Ábalos.
• El Servicio Canario de Salud.
• La Generalitat Valenciana, bajo la dirección de Ximo Puig.

En este contexto, el contrato firmado por el departamento liderado por Torró con esta empresa se añade a la lista de operaciones opacas que se sospecha fueron orquestadas mediante contactos irregulares y tráfico de influencias.

Detalles del contrato firmado con la Generalitat

El contrato en cuestión, otorgado el 31 de marzo de 2020, consistía en la compra de mascarillas FFP2, en plena crisis sanitaria. El precio adjudicado por unidad fue de 2,05 euros

Fuentes internas confirman que este contrato fue gestionado directamente desde la secretaría autonómica encabezada por Torró, lo que añade relevancia política a su papel en el proceso.

Este acuerdo fue formalizado mediante un procedimiento de emergencia, autorizado por el entonces conseller Rafael Climent, correspondiente a la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.

¿Qué es el caso Koldo? Antecedentes clave

El caso Koldo hace referencia a una investigación impulsada por la Audiencia Nacional, que indaga en una supuesta trama de corrupción en la contratación de material sanitario, principalmente mascarillas, durante los primeros meses de la pandemia.

Las pesquisas apuntan a un grupo integrado por empresarios, exasesores políticos como Koldo García —exmano derecha del ministro Ábalos— y funcionarios implicados en al menos doce operaciones sospechosas. Se estima un perjuicio al erario público superior a los 53 millones de euros.

Entre los delitos investigados se encuentran:

• Tráfico de influencias.
• Malversación de caudales públicos.
• Prevaricación administrativa.
• Blanqueo de capitales.

El PSPV responde: transparencia y defensa de la legalidad

Tras la publicación de los contratos, el PSPV-PSOE se ha apresurado a defender la legalidad de los procedimientos llevados a cabo durante la emergencia sanitaria. Miembros del partido han recordado que no existió investigación judicial en su momento sobre las adjudicaciones realizadas por la Generalitat Valenciana.

En declaraciones recientes, Rebeca Torró ha manifestado que la contratación se hizo “siguiendo la legalidad vigente” y que se trató de un procedimiento extraordinario en un momento de máxima urgencia, donde la disponibilidad de materiales era escasa y se priorizó proteger a la población y al personal sanitario.

¿Hay responsabilidades políticas?

Pese a la legalidad formal de estos acuerdos, la responsabilidad política sobre estos contratos ha sido cuestionada desde diversos sectores. Las críticas apuntan a la falta de transparencia en la adjudicación y al escaso control sobre las empresas beneficiadas.

Organizaciones sociales y partidos de la oposición exigen que se abra una comisión de investigación autonómica para esclarecer las decisiones tomadas en el marco de la emergencia sanitaria. De igual forma, ponen énfasis en la necesidad de reforzar los mecanismos de control en contrataciones de emergencia.

La oposición exige explicaciones en Les Corts

El revuelo generado por el contrato firmado por Torró ha provocado una oleada de reacciones políticas en el Parlament. El Partido Popular y Vox ya han impulsado iniciativas para que Rebeca Torró y otros exmiembros del Gobierno comparezcan ante Les Corts para presentar explicaciones detalladas.

Además, se ha solicitado acceso a toda la documentación del proceso de contratación y los expedientes relacionados con Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, así como a otros contratos durante el periodo inicial de la pandemia.

Mientras tanto, los populares han señalado preocupaciones respecto a un posible uso partidista de los recursos públicos, exigiendo depurar responsabilidades más allá de las legales, en el plano ético y político.

Impacto institucional de los contratos sospechosos

La implicación de distintas administraciones públicas en entregas de contratos a empresas vinculadas con el caso Koldo ha generado una creciente crisis de confianza ciudadana. El caso suma al largo historial de adjudicaciones cuestionadas durante la gestión de la pandemia, que han suscitado polémica tanto en España como en otros países de la UE.

A nivel valenciano, este nuevo capítulo afecta no solo al PSPV, sino a la credibilidad del sistema de contratación pública y su vigilancia.

• Replantear la normativa de contratación de emergencia.
• Reforzar órganos de control independientes.
• Garantizar máxima transparencia en todo proceso contractual.

¿Se esperan nuevas revelaciones en la investigación?

Las investigaciones judiciales del caso Koldo siguen avanzando y podrían destapar nuevas implicaciones y nombres dentro del mapa político español. La inclusión de Rebeca Torró y su entorno en este entramado pone el foco ahora en la gestión interna del Consell de Ximo Puig, durante uno de los momentos más delicados de la administración pública valenciana