**Benidorm estudia recurrir al Tribunal Constitucional la sentencia de Serra Gelada**
El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha manifestado que el Ayuntamiento está considerando recurrir al Tribunal Constitucional la sentencia del caso Serra Gelada. Esta decisión se produce después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) rechazara el incidente de nulidad presentado por el consistorio contra la sentencia que le obliga a indemnizar con 283 millones de euros, más intereses legales, a las empresas Murcia Puchades Expansión SL y Urban Villajoyosa 2000 SL por aprovechamientos urbanísticos en el sector APR-7.
Tras la comunicación del auto del TSJCV, que tuvo lugar el martes, Pérez aseguró que todas las vías para defender el interés general de Benidorm están siendo exploradas por los técnicos municipales del área jurídica. El alcalde hizo un llamado a la tranquilidad y a la prudencia, asegurando que se ha informado a todos los grupos municipales en la Junta de Portavoces en un ejercicio de transparencia.
El alcalde insistió en que se mantiene la defensa del interés de los ciudadanos de Benidorm, labor que el gobierno municipal emprendió desde su toma de posesión en 2015. La hoja de ruta del municipio, marcada por criterios técnicos, permanece inalterada, apuntó Pérez. Destacó que el Ayuntamiento ha seguido siempre el camino más adecuado basado en criterios técnicos en defensa del interés general, aunque las decisiones del TSJCV se han desviado de las previas de los juzgados de lo contencioso.
El futuro de la estrategia jurídica dependerá de los informes técnicos, mencionó Pérez, sugiriendo que el recurso al Tribunal Constitucional podría ser una opción. El alcalde enfatizó que las decisiones que contravienen los criterios técnicos están tipificadas por ley, subrayando la responsabilidad de gobernar de acuerdo con lo que los técnicos recomiendan, pese a que algunas decisiones puedan ser incómodas.
Este caso, apuntó Pérez, es complejo desde el punto de vista judicial. Se refiere a una causa sobre la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento respecto a los terrenos, derivada de convenios firmados entre 2003 y 2013, a los que hace referencia el reciente fallo del TSJCV. Además, existe un proceso pendiente sobre la revisión y posible nulidad de dichos convenios, con cinco causas activas en los juzgados. Dos de estas han sido resueltas a favor del Ayuntamiento y ratifican la nulidad de los convenios, mientras que tres aún están por resolverse.
Pérez concluyó que todas las decisiones sobre los convenios han sido respaldadas tanto por los técnicos como por el Consell Jurídic Consultiu, así como por las sentencias de los juzgados de Primera Instancia a favor del Ayuntamiento en su apuesta por el interés general.
