La magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, en Valencia, que lleva el caso sobre la gestión de la dana, ha solicitado al Instituto de Medicina Legal (IML) de Valencia que amplíe el informe de autopsia de una víctima mortal, una mujer embarazada de 26 años, para confirmar que estaba en estado de gestación de más de seis meses, permitiendo así contabilizar al feto como víctima.
Esta decisión, tomada a petición de la acusación particular, fue comunicada a las partes mediante un auto. Según la magistrada, la víctima, Janine Brigitte, “portaba otra vida, un ser dependiente que también falleció el 29 de octubre de 2024”. Se busca que, tras su inscripción en el Registro Civil, se le reconozca de manera adecuada en el procedimiento legal actual, otorgándole un nombre como una de las vidas perdidas en esa fecha.
Janine Brigitte, quien estaba embarazada de ocho meses, perdió la vida el 29 de octubre en Riba-roja, Valencia. Su madre, Mari, denunció que Janine la contactó a las 18:53 horas pidiendo ayuda, ya que se estaba ahogando debido al ingreso de agua en el vehículo. Logró salir y subirse a otro, pero un contenedor la golpeó, cayendo al agua, donde falleció. Su cuerpo fue hallado días después.
El caso se investiga por homicidios, abarcando a 228 víctimas mortales, y por lesiones imprudentes. Se espera que, mediante la modificación del Registro Civil, se reconozca al feto, permitiéndole tener un nombre como otra víctima del desastre.
La Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, especifica que debe registrarse sin efectos jurídicos el fallecimiento ocurrido después de los seis meses de gestación y antes del nacimiento, permitiendo a los progenitores asignar un nombre. Esta inclusión como víctima adicional se fundamenta en dicha ley y las instrucciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.
La jueza aclara que esta inscripción es “independiente de la calificación penal de los hechos”, citando jurisprudencia del Tribunal Supremo, específica en la sentencia 817/24, que diferencia entre delitos contra la vida humana independiente y el aborto, que se refiere a la vida humana dependiente.
De forma simultánea, la letrada de la Administración de Justicia ha convocado a declarar entre julio y septiembre a una veintena de personas afectadas por el fallecimiento de sus familiares, además de informar sobre los recursos de reforma y apelación interpuestos por las partes involucradas en el proceso.
