El nuevo plan de autobuses por carretera podría afectar a 135.000 valencianos
En las últimas semanas, residentes de la provincia de Teruel han manifestado su descontento firmando un documento contrario al nuevo mapa de transporte por carretera propuesto por el Gobierno. Argumentan que el plan diseñado por el Ministerio amenaza las conexiones entre municipios en una región poco poblada, crucial para la denominada España vacía. Este temor es compartido por los vecinos de las tres provincias de la Comunidad Valenciana, según ha expresado la Generalitat, aunque el organismo que lidera Óscar Puente, encargado de la medida, asegura que no se eliminará ninguna parada. La Generalitat señala que la preocupación surge porque el plan del Ministerio transfiere la competencia a autonomías como la valenciana, con una compensación de 40 millones de euros, cifra que el Consell considera insuficiente para mantener el servicio. Temen que esto afecte las comunicaciones de municipios como Alcalà de Xivert, Torreblanca, Bellreguard, Miramar, Torrebaja, Utiel, Requena, Gandia y Segorbe.
La Generalitat advierte que, sin un acuerdo cercano con el Gobierno, más de 135.000 habitantes podrían verse afectados por la eliminación de paradas. Los responsables de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio critican que los 40 millones de euros asignados temporalmente durante dos años son insuficientes para un mapa cuyo coste de servicios anulados es más del doble, dejando a las comunidades autónomas con la carga financiera restante para continuar ofreciendo el servicio. El Ministerio rechaza estos argumentos y alega que se ha manipulado la información sobre el mapa concesional. El documento del Ministerio defiende la importancia del autobús como medio de transporte estratégico en España, considerando las características geográficas y la distribución de la población. Afirma que busca mejorar la eficiencia del servicio, conectando de manera más directa los principales núcleos de población y coordinándose con las redes de transporte autonómico de corto recorrido, asegurando la prestación del servicio mediante una fórmula que implica tanto la prestación estatal como la financiación autonómica.
El Consell, sin embargo, recibe estas promesas con escepticismo. Desde el departamento de Infraestructuras, critican el retroceso que representa el nuevo mapa concesional de transporte para muchos territorios. Reiteran su demanda al Gobierno por una financiación adecuada para asumir las responsabilidades del nuevo plan. Una negociación crucial para garantizar el futuro de las conexiones de la Comunidad Valenciana, que el Ministerio asegura no estar en peligro. «La única diferencia es que, en lugar de gestionarlas nosotros, las financiamos para que lo hagan las autonomías, porque son de ámbito interior», comenta un portavoz del Ministerio. «Si la autonomía no quiere, estamos evaluando fórmulas para que prestemos nosotros el servicio». Estos argumentos no logran convencer a quienes temen, como en el caso valenciano, que 135.000 vecinos se queden sin transporte por carretera. Esta inquietud también se percibe en Teruel y otros territorios de la España vacía, organizados en asociaciones que han trasladado su preocupación al Congreso. Las plataformas que representan a la España Vaciada, como Teruel Existe, Soria ¡YA!, Cuenca Ahora y La Otra Guadalajara, temen que más de 1.400 municipios en España podrían quedarse sin parada de autobús si prevalece la “viabilidad económica” en los planes ministeriales. El propósito es reorganizar las líneas de autobús de largo recorrido para mejorar las conexiones entre los grandes núcleos poblacionales, reducir los costos y los tiempos de viaje, manteniendo los servicios que conectan con los pueblos de toda España.
