El Ayuntamiento de Valencia, encabezado por PP y Vox, ha decidido en el pleno ordinario de julio cambiar el nombre de la ciudad a la forma bilingüe Valencia/Valéncia, sometiendo esta modificación a consulta pública. La propuesta recibió el rechazo de los grupos de oposición, Compromís y PSPV-PSOE. El acuerdo será presentado a la Generalitat y estará sujeto a la decisión final de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL).
José Luis Moreno, concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, del Partido Popular, argumentó que el objetivo de esta medida es aplicar “sentido común” a la situación. Moreno afirmó que la realidad social de la ciudad justifica el uso del bilingüismo. Según el edil, el modelo propuesto está respaldado por un estudio filológico y busca adaptar la pronunciación a la utilizada por los habitantes de la ciudad, basándose en criterios de realidad social y la normativa vigente.
Por su parte, José Gosálbez, portavoz de Vox y segundo teniente de alcalde, destacó que Valencia tiene dos lenguas oficiales: el español y el valenciano, y ambas deben ser respetadas. Gosálbez criticó la forma anterior de nombrar a la ciudad, calificándola de “catalanizada”, y defendió que la propuesta actual carece de motivación ideológica, basándose en fundamentos académicos.
Desde la oposición, Borja Sanjuán, del PSPV-PSOE, se mostró crítico con la iniciativa, acusando a la derecha de buscar imponer una “cultura de primera” al idioma valenciano. Sanjuán declaró que la verdadera intención es regresar a una denominación únicamente en castellano. Papi Robles, portavoz de Compromís, acusó a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, de usar debates como este para desviar la atención de otros problemas.
Durante el pleno, Pere Fuset, también de Compromís, insistió en que la AVL es la entidad responsable de decidir sobre la ortografía del valenciano y denunció el uso del idioma como un arma política. Propuso mantener el nombre como València y permitir que la AVL determine cualquier cambio en el acento, propuesta que fue rechazada por el gobierno local.
