La Policía Local de Elche, en colaboración con la Policía de la Generalitat, ha desmantelado un centro ilegal de cuidados a personas dependientes en una vivienda de la ciudad, donde presuntamente se ofrecían estos servicios sin autorización y en condiciones insalubres. Esta operación se llevó a cabo tras el fallecimiento de un joven de 34 años con parálisis cerebral, caso que actualmente investiga la Policía Nacional.
En el domicilio, se encontraban varias personas con discapacidad intelectual, síndrome de Down, autismo y otras enfermedades neurológicas, algunas en estado especialmente vulnerable, según informó el Ayuntamiento de Elche en un comunicado. Durante la inspección, las autoridades comprobaron que la propiedad no reunía las condiciones mínimas para alojar a personas dependientes. Las estancias presentaban graves deficiencias higiénico-sanitarias, con restos orgánicos, olores de orina y excrementos, y camas en mal estado, además de una falta de ventilación adecuada.
Asimismo, en las áreas comunes como la cocina, el comedor y los baños, se encontraron alimentos en mal estado, electrodomésticos sin mantenimiento y un alto riesgo de contaminación cruzada. En las habitaciones, se halló un gran número de animales, perros y gatos, sin la documentación o control sanitario necesario.
Los responsables del lugar, un matrimonio de 58 y 48 años, admitieron no tener ninguna licencia municipal ni autorización administrativa para operar. Tampoco contaban con seguros de responsabilidad civil ni con la calificación profesional requerida.
Según indicaron a las autoridades, cobraban entre 30 y 45 euros diarios por cada persona atendida, sin ningún régimen legal, ni inclusión en la Seguridad Social o control sanitario. Se sospecha que esta actividad se realizaba desde 2016 en diferentes lugares y que actualmente continuaba de forma clandestina en el inmueble inspeccionado, el cual estaba arrendado, y cuyo propietario afirmó desconocer el uso que se le daba.
Debido a las graves irregularidades detectadas, la Policía Local de Elche y la Policía de la Generalitat procedieron al cierre inmediato de la actividad y realojaron a los internos con sus familiares, quienes fueron informados de inmediato y manifestaron desconocer las condiciones en las que se encontraban.
Los hechos han sido denunciados ante la inspección de trabajo, la Conselleria de Sanidad, como entidad competente para autorizar estos centros, y el Ayuntamiento de Elche, por la falta de licencia de actividad. También se notificó a los servicios sociales para realizar una evaluación inmediata de las necesidades de asistencia de los ingresados y sus familias.
