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Audiencia de Valencia exime de imputación a Bernabé y Polo
La Sala confirma el archivo de la causa que investigaba supuestas irregularidades en la EMT
La Audiencia Provincial de Valencia ha decidido mantener el archivo de la causa contra la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Gloria Calero Bernabé, y contra el exconcejal socialista del Ayuntamiento de Valencia, Giuseppe Grezzi Polo, tras una exhaustiva investigación por presuntas irregularidades ocurridas en el seno de la EMT (Empresa Municipal de Transportes de Valencia).
El auto, emitido por la sección cuarta de dicha Audiencia, respalda la decisión tomada previamente por el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, el cual no halló indicios suficientes que justificaran la imputación de ambos responsables políticos. De esta forma, la Justicia pone punto y final a un proceso que generó un considerable impacto mediático y político en la región.
Contexto de la investigación judicial
El caso se originó tras el fraude de 4 millones de euros perpetrado a través de engaños informáticos a la EMT en 2019. Este incidente, que despertó la atención pública y de los órganos judiciales, llevó a una revisión minuciosa del funcionamiento interno de la entidad y de sus mecanismos de control.
Concretamente, se cuestionaba si existió una omisión de supervisión por parte de los miembros del consejo de administración de la EMT, entre ellos Gloria Calero Bernabé —que entonces formaba parte del consejo como representante del gobierno local— y Giuseppe Grezzi Polo, quien ostentaba competencias directas sobre la empresa municipal.
Denuncias presentadas tras el fraude
La causa fue impulsada por denuncias presentadas por varios grupos políticos de la oposición, que apuntaban a una presunta responsabilidad por dolo o negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones de supervisión.
- Partido Popular (PP)
- Ciudadanos (Cs)
- Contigo Somos Democracia
Todos estos grupos coincidieron en demandar una investigación completa sobre la actuación del equipo de gobierno del momento, alegando que hubo falta de transparencia y responsabilidades políticas que no habían sido asumidas en relación con la estafa multimillonaria.
Justificación de la Audiencia: ausencia de indicios delictivos
Tras varios meses de investigación judicial, la Audiencia Provincial concluyó que era improcedente continuar adelante con la imputación de Bernabé y Grezzi.
El tribunal consideró que los indicios presentados por los demandantes no eran suficientes para hablar de infracción penal alguna. En particular, se destacó que la responsabilidad del consejo de administración no implica automáticamente responsabilidad penal ante un delito cometido por terceros, en este caso, por los ciberdelincuentes que orquestaron la estafa.
Los magistrados señalaron que la actuación de los acusados se enmarcó dentro de sus funciones políticas y administrativas, y que no existió dolo, participación activa ni omisión dolosa de sus obligaciones.
El auto judicial, en detalle
En su decisión, la Sala hizo hincapié en los siguientes puntos:
- No se acredita conducta irregular atribuible directamente a Bernabé o Polo.
- No existen pruebas de que dictaran instrucciones que posibilitaran el fraude.
- No hay elementos que acrediten conocimiento previo de la estafa o complicidad con los autores.
- La responsabilidad de los miembros del consejo es colegiada y no penalizable por una actuación individual o delictiva de terceros.
Todo ello llevó a la conclusión de que no existía base alguna para requerir su imputación, respaldando así la decisión del juez instructor de archivar la causa contra ellos.
Reacciones tras el archivo definitivo de la causa
La decisión de la Audiencia ha provocado distintas reacciones en el panorama político valenciano. Desde el entorno de Bernabé y Polo, se ha recibido como una ratificación de su inocencia y una oportunidad para cerrar un capítulo judicial que afectó significativamente su actividad pública.
Bernabé, actualmente delegada del Gobierno, no ha hecho declaraciones públicas detalladas, pero fuentes cercanas aseguran que considera esta resolución como un respaldo al trabajo honesto que desarrolló durante su paso por la EMT. Por su parte, Grezzi expresó en redes sociales su satisfacción por la resolución judicial, agradeciendo a quienes confiaron en él durante todo el proceso.
Críticas a la politización del caso
Ambos ex responsables señalaron que, a su juicio, el caso fue utilizado con fines políticos por parte de determinados grupos de la oposición:
- “El tiempo ha demostrado que todo fue un montaje político sin base jurídica” — afirmó Grezzi en Twitter.
- Desde su equipo legal insisten en que hubo un intento de “criminalización política indebida”.
En cambio, sectores de la oposición mostraron su desacuerdo con el archivo del caso, señalando que todavía hay mucho por esclarecer en torno al funcionamiento y control interno de la EMT tras el fraude millonario.
Impacto político y repercusiones públicas
La resolución podría tener consecuencias relevantes de cara a la percepción pública de los políticos implicados. Gloria Calero Bernabé, actual representante del Gobierno en la Comunidad Valenciana, tuvo que enfrentar presiones mediáticas pese a que su responsabilidad directa era limitada. Que el tribunal se haya pronunciado categóricamente a favor de su actuación fortalece su posición institucional de cara al futuro.
Por su parte, Giuseppe Grezzi Polo, una figura clave durante el gobierno municipal liderado por Compromís, también se vio sometido a un intenso escrutinio. Su exculpación judicial allana el camino para una eventual reactivación de su carrera política, paralizada en parte por esta investigación.
La EMT tras el escándalo de 2019
A raíz del fraude sufrido en 2019, la EMT implementó una serie de reformas internas con el fin de aumentar la seguridad en sus procedimientos financieros y reforzar el control sobre sus estructuras administrativas. Entre las medidas adoptadas se destacaron:
- Digitalización de procesos de verificación de pagos.
- Mayor control en la gestión de recursos humanos y contratación.
- Supervisión externa de operaciones sensibles.
La empresa municipal también presentó una querella contra los autores del fraude, quienes suplantaron la identidad de empresas proveedoras para obtener transferencias económicas fraudulentas. El proceso penal contra estos responsables sigue su curso en paralelo, y hasta la fecha se han bloqueado activos por valor de más de 2 millones de euros pertenecientes a los presuntos estafadores.
Claves jurídicas del fallo judicial
Desde un punto de vista legal, el auto de la Audiencia Provincial de Valencia sienta un precedente importante al analizar la posible imputación penal de miembros de órganos colegiados de administración pública.
Los jueces establecen que, salvo que exista una implicación directa, conocimiento delictivo o actuación negligente grave constatada, no puede atribuirse responsabilidad penal algún miembro de un consejo de administración por hechos ejecutados por terceros que actúan de forma fraudulenta.
Esta doctrina podría aplicarse en el futuro a otros casos de gestión pública bajo sospecha, consolidando una barrera que protege a los responsables políticos de acusaciones infundadas cuando no se demuestre su participación directa.
Conclusión: cierre de una etapa judicial con reivindicación política
La decisión de la Audiencia de Valencia no solo exime a Bernabé y Polo de toda acusación judicial, sino que también lanza un mensaje importante sobre cómo se deben afrontar las responsabilidades públicas desde una perspectiva penal: con evidencia, proporcionalidad y sin interferencia de intereses partidistas.
Con el archivo definitivo del caso, se cierra un capítulo que se prolongó durante más de cuatro años y que afectó la imagen institucional de figuras relevantes de la política valenciana. La resolución judicial permite a los exonerados retomar su actividad pública y profesional con plenas garantías, al tiempo que invita a una reflexión sobre los límites entre la gestión política y la persecución judicial.
