La Generalitat continuará promoviendo mecanismos legales para proteger los derechos de los usuarios y profesionales del sector sanitario, asegurando que cualquier ciudadano que vea sus derechos vulnerados pueda acceder a la administración de justicia en igualdad de condiciones. Esto se llevará a cabo a pesar de la falta de recursos, derivada de la infrafinanciación estructural que afecta a la comunidad.
Estas declaraciones fueron realizadas por la consellera de Justicia y Administración Pública, Nuria Martínez, durante la inauguración del VIII Congreso de Derecho Sanitario de la Comunitat Valenciana, celebrado en Alicante. En esta octava edición, se realizaron diversas mesas de debate que trataron temas relevantes como el derecho a la salud como derecho universal, la salud mental, métodos alternativos para resolver controversias sanitarias, las agresiones a profesionales del sector y nuevas normativas como la Ley ELA.
Martínez destacó que la Ley ELA representa un “avance sustancial” en la mejora de los servicios de atención y apoyo tanto para los pacientes como para sus familias. Añadió que, para el desarrollo de esta norma, que las comunidades autónomas deben ejecutar, el Gobierno de España debería haber proporcionado recursos adicionales para su implementación.
Asimismo, la consellera expresó que la falta de recursos económicos por parte del Ejecutivo Central no es algo nuevo. Señaló que ya ha enfrentado esta situación con la aprobación de la nueva Ley de Eficiencia en el Servicio Público de Justicia, la cual requiere grandes inversiones para adaptar las estructuras judiciales, pero carece de los fondos necesarios para ejecutar las reformas previstas por esta normativa.
Martínez subrayó que, a pesar de los limitados recursos, el esfuerzo es mayor para asegurar la correcta prestación de los servicios públicos. Sin embargo, afirmó que para el Consell es prioritario ofrecer la mejor atención sanitaria a los ciudadanos de la Comunitat Valenciana y garantizar la protección efectiva de sus derechos y libertades.
