**Investigación del robo a la EMT de Valencia sigue estancada tras seis años**
El paso del tiempo no parece afectar al caso de fraude de la EMT de Valencia, que desde hace seis años está bajo la jurisdicción del juzgado de instrucción número 18 de Valencia. A pesar de la gravedad del delito, uno de los más significativos en la historia de España en cuanto al robo a una empresa pública, el caso no ha avanzado. Envíos de comisiones rogatorias han tenido poco resultado, ya que las respuestas obtenidas no han generado acciones concretas.
El fraude tuvo lugar en Valencia durante 20 días de septiembre de 2019. En ese período, la directora de administración de la EMT, Celia Zafra, autorizó transferencias de 4,2 millones de euros a cuentas en el Bank of China en Hong Kong. Esto fue resultado de engañosos correos y llamadas de teléfono de un supuesto abogado de Deloitte, haciéndose pasar por el presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi, quien supuestamente ordenó la operación. Zafra, con casi cuatro décadas de experiencia en la EMT, facilitó documentos y autorizaciones al falso abogado, llevándose a cabo más de diez transferencias desde Caixabank.
El 23 de septiembre de 2019, las operaciones levantaron sospechas cuando un gestor del banco notó movimientos inusuales, lo que llevó al gerente Josep Enric Garcia Alemany a detenerlas. La investigación posterior reveló que la EMT había sido víctima de un fraude conocido como “fraude del CEO”, resultando en la pérdida de casi todo el dinero. Aunque denunciar el caso permitió recuperar solamente 150.000 euros, la mayoría había desaparecido.
El caso llegó al juzgado número 18 de Valencia, conocido por su lentitud. Sin embargo, las áreas laboral y económica del caso se resolvieron rápidamente. El despido de Zafra fue considerado procedente, y se determinó su responsabilidad contable por el déficit en la empresa. A pesar de esto, el proceso penal que busca identificar a los responsables sigue paralizado.
Los tribunales en Hong Kong han condenado a dos ciudadanos chinos relacionados con el fraude, aunque estos no han sido localizados. El juez del caso ha enviado solicitudes a Kenia e Irlanda para investigar a los titulares de la cuenta de Gmail desde donde se enviaron los correos engañosos. Estos correos, junto con una llamada en español con acento local, convencieron a Zafra de que la operación era legítima. A pesar de las evidentes señales de fraude, ni la directora, la empresa, ni el banco detectaron el engaño hasta que el dinero ya había desaparecido.