La Generalitat de Valencia continuará promoviendo mecanismos legales para proteger los derechos de los usuarios y profesionales de la salud, asegurando que cualquier ciudadano cuyos derechos sean vulnerados pueda acceder a la justicia en igualdad de condiciones. Esto, a pesar de los desafíos financieros derivados de la infrafinanciación estructural que afecta a la comunidad.
Estas declaraciones fueron realizadas por Nuria Martínez, consellera de Justicia y Administración Pública, durante la inauguración del VIII Congreso de Derecho Sanitario de la Comunitat Valenciana, celebrado en Alicante.
El congreso, en su octava edición, acogió diversas mesas de debate donde se discutieron temas relevantes sobre la relación entre el derecho y la salud. Se destacó el derecho a la salud como un derecho universal, abordando aspectos como la salud mental, métodos alternativos para la resolución de conflictos sanitarios y agresiones a los profesionales del sector. También se examinó la innovadora Ley ELA.
Martínez resaltó que la Ley ELA representa un “avance sustancial” en la mejora de los servicios de atención y apoyo tanto para las personas con esta enfermedad como para sus familias. Señaló que su aplicación, a cargo de las comunidades autónomas, debería contar con recursos adicionales proporcionados por el Gobierno de España.
La consellera también mencionó la “infradotación económica” por parte del Ejecutivo Central, señalando que no es una sorpresa. Comentó su experiencia con la aprobación de la nueva Ley de Eficiencia en el Servicio Público de Justicia, que requiere importantes inversiones para adaptar las estructuras judiciales, sin que se hayan asignado los fondos necesarios para ello.
A pesar de estas limitaciones, Martínez afirmó que el esfuerzo es mayor para garantizar la correcta prestación de los servicios públicos. Subrayó que el Consell tiene como prioridad ofrecer la mejor atención sanitaria a los ciudadanos de la Comunitat Valenciana y asegurar la protección efectiva de sus derechos y libertades.
