En Alicante, el Equipo de Protección de la Naturaleza (Eprona) de la Guardia Civil está investigando a 20 personas, cuyas edades oscilan entre los 35 y 88 años, por la construcción de un complejo residencial ilegal en un área no urbanizable y potencialmente inundable en la Vega Baja. En esta área se han detectado “graves infracciones urbanísticas, medioambientales y de seguridad”. El sitio funcionaba como una comunidad residencial, con calles asfaltadas y alrededor de 60 casas móviles, muchas de ellas ampliadas con porches o terrazas, y con infraestructuras similares a las de un camping.
Entre los investigados se encuentran propietarios del terreno, gestores, arrendadores y propietarios de las casas móviles. A todos se les acusa de un delito contra la ordenación del territorio y el urbanismo, y a dos de ellos, además, de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por su supuesto vínculo con un vertido contaminante, según informó la Guardia Civil.
La investigación, que se extendió entre este año y el anterior, comenzó tras una denuncia anónima que alertaba de un vertido de aguas residuales no tratadas que terminaban en una acequia destinada a la evacuación de aguas sobrantes de riego. Las investigaciones confirmaron que el vertido provenía de este complejo residencial. Un informe pericial estableció que las aguas vertidas eran “contaminantes y capaces de alterar significativamente el equilibrio del sistema natural afectado, amenazando la agricultura local”.
Durante la inspección, se encontraron unas 60 casas móviles asentadas en suelo no urbanizable, en una zona susceptible de inundaciones y sin licencia urbanística. El complejo, dividido en tres calles asfaltadas, disponía de oficina de recepción, bar-restaurante, fregaderos, duchas, aseos, piscinas e instalaciones deportivas, además de las viviendas. Muchas de estas incluían elementos adicionales, como porches, terrazas o cocheras.
Todas las edificaciones contaban con conexiones a servicios básicos como agua, electricidad y saneamiento. En la práctica, el lugar operaba como un núcleo residencial con unos 60 residentes empadronados. Supuestamente, el gerente del establecimiento habría utilizado diversas estrategias para prolongar la actividad, como la creación de nuevas empresas o la compra de terrenos adyacentes para ampliar las instalaciones y mejorar la rentabilidad. Además, la venta de las viviendas se realizaba a través de una página web administrada por una empresa inglesa, lo que facilitaba la captación continua de nuevos clientes.
Las diligencias se han remitido a la Sección de Medio Ambiente de la Fiscalía Provincial de Alicante, y el caso ha sido judicializado en el Juzgado de Instrucción de Torrevieja, donde las investigaciones prosiguen. De manera simultánea, la autoridad municipal ha ordenado el cierre del complejo, actualmente pendiente de ejecución. También se ha notificado a la Agencia Valenciana de Protección del Territorio (AVPT), encargada de asegurar la legalidad urbanística y restaurar la realidad física alterada en suelo no urbanizable, conforme a la normativa vigente.
