Pradas apela de nuevo para cerrar su imputación por DANA

La exalcaldesa de Almoradí insiste en su inocencia y recurre por segunda vez el auto judicial

La exalcaldesa de Almoradí, María Gómez Pradas, ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Alicante para solicitar el archivo definitivo de la causa que la vincula con presuntas irregularidades en la gestión de fondos públicos durante los trabajos de reparación tras el paso de la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en 2019.

Se trata del segundo recurso que Gómez Pradas presenta en su defensa, al considerar que el juez de Instrucción número 2 de Orihuela ha incurrido en una interpretación indebida del procedimiento y que no existen pruebas concluyentes que justifiquen su imputación penal.

Contexto del caso: la DANA de 2019 y las ayudas públicas

El origen de esta causa se remonta a los efectos devastadores de la DANA de septiembre de 2019, que causó graves daños materiales en varios municipios de la Vega Baja. Almoradí fue uno de los más afectados, lo que supuso la puesta en marcha de proyectos de reparación con fondos procedentes de subvenciones públicas, principalmente del Consell y del Estado.

La Fiscalía y la instrucción judicial investigan si, durante la tramitación y ejecución de esas obras, se habrían producido irregularidades administrativas o delictivas, incluyendo:

• Adjudicaciones sin licitación pública.
• Contratación supuestamente fraccionada.
• Desvío o uso indebido de fondos destinados a paliar los efectos de la catástrofe.

Gómez Pradas fue alcaldesa de Almoradí por el Partido Popular hasta mayo de 2023. Durante su mandato, se gestionaron las actuaciones posteriores a la DANA, por lo que fue imputada en la causa junto con varios funcionarios técnicos municipales.

Argumentos de la defensa de Pradas

La defensa de María Gómez Pradas ha fundamentado el nuevo recurso en que no se dispone de indicios suficientemente sólidos para mantener su imputación. Según el escrito presentado ante la Audiencia, los hechos descritos no configuran por sí mismos un delito de prevaricación o malversación y existen dudas razonables sobre su conocimiento directo de las supuestas irregularidades.

En su gesto más reciente por restablecer su imagen política y personal, insiste en que ella no participó activamente en las decisiones técnicas ni en la ejecución material de los contratos. Además, señala que:

• No existen pruebas que demuestren su intervención dolosa.
• No se ha enriquecido ni directa ni indirectamente por los hechos investigados.
• Delegó funciones bajo el principio de confianza en los técnicos municipales correspondientes.

Además, la defensa critica que se mantiene la condición de investigada pese a que tras dos años de instrucción no se ha producido ninguna diligencia probatoria que refuerce la acusación contra la exregidora.

Un proceso que ya ha pasado por varias fases judiciales

María Gómez Pradas ya presentó un primer recurso de reforma ante el juzgado de instrucción que fue desestimado. Ahora, con este segundo paso procesal, eleva el caso a una instancia superior —la Audiencia Provincial— en busca de una visión más imparcial.

La defensa sostiene que se ha vulnerado su derecho a la presunción de inocencia y a un proceso judicial con todas las garantías. Según sus abogados:

• La extensión de la investigación a cargos políticos sin pruebas sólidas podría tener una motivación política o mediática.
• No hay base material para considerar que exista un delito continuado de prevaricación administrativa.
• La actuación del Ayuntamiento estuvo guiada por la urgencia y gravedad de la situación post-catástrofe.

La vertiente política del caso: Pradas y el Partido Popular

El proceso no ha pasado desapercibido en el ámbito político. Gómez Pradas era una figura destacada del PP en la comarca de la Vega Baja, lo que añade una dimensión de interés político y partidista al caso.

El Partido Popular ha salido en varias ocasiones en defensa de su exalcaldesa, calificando la acusación como un “intento de desprestigio”. Según fuentes del partido:

• La gestión de la emergencia tras la DANA fue “diligente y eficaz”.
• La tramitación de contratos se hizo bajo los parámetros legales de emergencia.
• Los informes técnicos apoyaban todas las decisiones adoptadas por el Consistorio.

Sin embargo, la continuidad de la causa penal ha abierto cierto debate interno en el partido sobre las medidas de protección jurídica de cargos públicos en situaciones límite como catástrofes naturales.

El papel clave de los técnicos municipales en la investigación

Además de la exalcaldesa, otros funcionarios públicos también están siendo investigados. Según ha trascendido, estos técnicos tuvieron un papel esencial en la elaboración de los informes y en la gestión directa de los procedimientos de contratación.

De hecho, varios testimonios afirman que las decisiones importantes en materia de obras y reparaciones fueron adoptadas desde el área técnica, con informes favorables y justificación de la urgencia según la normativa excepcional.

Este hecho podría beneficiar la posición de Pradas en el proceso judicial, al reforzar la idea de que no intervino de forma directa ni consciente en decisiones que pudieran ser constitutivas de delito.

¿Actuaciones administrativas o delitos penales?

Una cuestión de fondo que deberá dirimirse en los tribunales es dónde termina la mala praxis administrativa y comienza la responsabilidad penal.

En este sentido, expertos en derecho administrativo han señalado que muchos ayuntamientos, incluidos los de la Vega Baja, estaban desbordados durante y después de la DANA. En ese contexto, se adoptaron medidas urgentes que, si bien podrían considerarse irregulares desde el punto de vista formal, no implican necesariamente un ánimo doloso ni enriquecimiento ilícito.

Este argumento se ha utilizado con frecuencia en las defensas de los investigados. En el caso de Pradas, podría ser determinante que se acredite que su intervención fue puramente protocolaria o basada en la confianza delegada.

Estado actual del procedimiento judicial

Actualmente, la causa continúa en fase de instrucción, y se espera que tras este nuevo recurso la Audiencia Provincial de Alicante adopte una decisión sobre si procede archivar el caso o mantener la imputación abierta.

La defensa espera que, tras analizar las pruebas e informes presentados, el tribunal determine la falta de delitos imputables a Gómez Pradas y ordene el sobreseimiento libre del proceso.

La respuesta judicial podría conocerse en las próximas semanas, lo que podría marcar un antes y un después en esta causa que ha generado amplio eco dentro del ámbito municipal y político.

Conclusión: entre la gestión de emergencia y la polémica judicial

El caso de María Gómez Pradas pone en el foco la delicada línea entre la gestión política y la responsabilidad penal, especialmente en situaciones de catástrofe natural donde la urgencia condiciona decisiones administrativas complejas.

Mientras la Justicia determina si existen elementos suficientes para llevar a juicio a la exalcaldesa, Pradas continúa defendiendo su inocencia y señalando que sus actos respondieron al deber de actuar con diligencia en una situación de extrema emergencia.

El resultado de este proceso no solo tendrá consecuencias para la propia Gómez Pradas, sino que servirá de referencia para futuros casos en los que responsables públicos de municipios españoles deban actuar ante emergencias naturales de gran envergadura.

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Seguiremos informando sobre el desarrollo de esta causa y las decisiones judiciales que se adopten en las próximas semanas.