El Partido Popular (PP) desmiente que la propuesta de resolución de Vox, la cual han respaldado, sea una manifestación de “racismo”. La iniciativa busca instar al Consell a incluir en el Plan Valenciano de Estadística 2025-2028 la diferenciación entre “población nacional” y “población migrante”. Según sostiene el PP, esta medida está orientada a recopilar información, tal como ya hace el Gobierno en sus estudios sobre inmigración.
Por su parte, Vox afirma que el objetivo es garantizar la “total transparencia” de los “datos informativos” para, posteriormente, poder gestionar el gasto destinado a la “inmigración masiva y descontrolada”. No obstante, tanto el PSPV como Compromís advierten que la propuesta podría tener visos de “inconstitucionalidad” y podría infringir la legislación sobre protección de datos. Estos planteamientos fueron expuestos por los cuatro grupos de Les Corts en una rueda de prensa posterior a la junta de síndics, luego de que el lunes pasado PP y Vox aprobaran la propuesta en la comisión de Hacienda.
Vox solicita diferenciar entre “población nacional y migrante” en estadísticas relacionadas con la contribución al estado del bienestar, la recepción de ayudas, el uso de urgencias sanitarias, la cantidad de donantes de sangre y el absentismo laboral tanto en el sector privado como en la administración pública, detallando además por género y edad.
Juanfran Pérez Llorca, síndic del PP, pidió “no caer en la trampa de la izquierda”, argumentando que “solicitar información no es racista”, sino que depende del uso que se haga de la misma. Aseguró que estos datos se utilizarán para “intentar mejorar la vida” de la población migrante. En cuanto a la postura de Vox, Pérez Llorca se limitó a decir que cada partido tiene su perspectiva, algunas de las cuales comparte, y otras no. Recalcó que hay organismos estatales que también realizan estudios sobre inmigración y afirmó que en las instituciones gobernadas por el PP, se hará un buen uso de los datos. Criticó el uso del Gobierno de los menores migrantes como herramienta de negociación con los independentistas como un ejemplo de “racismo”.
José María Llanos, síndic de Vox, afirmó que la intención es conocer el impacto presupuestario de la inmigración ilegal, algo que considera razonable y que los ciudadanos tienen derecho a saber. Aclaró que los datos son informativos “a todos los efectos” y explicó que se considerará “población nacional” a quienes hayan adquirido la nacionalidad española según el Código Civil.
Desde la oposición, José Muñoz, del PSPV, advirtió que la propuesta podría vulnerar legislación española y europea, como las normas de protección de datos, y podría resultar en “multas millonarias” para la Generalitat. Anunció que su grupo estudiará la posibilidad de presentar una denuncia ante la Fiscalía, además de recurrir al Gobierno para que investigue si la propuesta vulnera leyes estatales, y contarán con el Síndic de Greuges y el Europarlamento.
El síndic socialista relacionó esta iniciativa con la dependencia política del ‘president’ Carlos Mazón de Vox, mencionando que la democracia valenciana “está en mínimos históricos”. Pidió no sorprenderse si ocurren incidentes como los de Torre Pacheco, refiriéndose a los conflictos recientes en esa localidad.
Finalmente, Joan Baldoví, síndic de Compromís, señaló que estudiarán si la propuesta podría incurrir en inconstitucionalidad o ilegalidad, considerándola “absolutamente racista” y potencialmente atentatoria contra la intimidad. Aseguró que Compromís será firme en su oposición a estas propuestas, acusando al PP y Vox de intentar diferenciar a las personas según su lugar de nacimiento mientras pregonan valores católicos. También criticó la estrecha relación entre el PP y Vox.
