Víctimas de la DANA reclaman 58 millones por daños

Reclamaciones por vía administrativa a la Generalitat y la CHJ

Las víctimas de la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos), que azotó la Comunidad Valenciana en septiembre de 2019, han presentado reclamaciones por valor de 58 millones de euros contra la Generalitat Valenciana y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Más de cien afectados han optado por la vía administrativa en busca de una reparación por los daños personales y materiales sufridos durante aquel desastre natural.

La abogada Emilia Zaragoza, representante legal de los damnificados, ha sido la encargada de canalizar cerca de 200 reclamaciones, buscando que las autoridades asuman su responsabilidad en la tragedia. Las reclamaciones llegan tras años de denuncias sobre la falta de mantenimiento de infraestructuras hidráulicas y una gestión inadecuada de las cuencas.

Una crisis con consecuencias humanas, económicas y medioambientales

La DANA de septiembre de 2019 provocó graves inundaciones en municipios como Dolores, Daya Nueva, Daya Vieja y Almoradí, en la comarca de la Vega Baja. Más de una veintena de municipios sufrieron las consecuencias de las lluvias torrenciales que colapsaron infraestructuras y dejaron un balance trágico tanto en términos humanos como económicos.

• Carreteras anegadas que permanecieron intransitables durante días.
• Viviendas y negocios destruidos o seriamente dañados.
• Cultivos arrasados, generando pérdidas incalculables al sector agrícola.
• Pérdidas emocionales y, en algunos casos, vidas humanas.

Según Zaragoza, el objetivo de las reclamaciones no es solo obtener indemnización, sino también establecer responsabilidades claras por falta de previsión y mantenimiento en infraestructuras que podrían haber mitigado los efectos de la riada.

¿Por qué se reclama a la Generalitat y la CHJ?

Los afectados apuntan directamente a la Generalitat Valenciana y la Confederación Hidrográfica del Júcar como responsables de la catástrofe debido a una presunta inacción en la gestión de cauces y barrancos. Las reclamaciones se dirigen a ambos organismos por no haber ejecutado las labores de limpieza y mantenimiento necesarias que podrían haber reducido la magnitud del desastre.

Falta de actuaciones preventivas

Según la documentación presentada, los cauces de ríos y barrancos de la Vega Baja habían sido objeto de quejas desde años antes del aviso de la DANA. Las acumulaciones de maleza, residuos y obstáculos naturales obstruían el flujo del agua, elevando el riesgo de desbordamientos. Además, se acusa a la administración autonómica de no actualizar los planes de emergencia y no ejecutar los protocolos de alerta temprana.

Esto convierte a las autoridades en posibles responsables por negligencia estructural, ya que el deber de vigilancia y ejecución de obras públicas se considera fundamental para evitar catástrofes naturales.

El procedimiento por vía administrativa: ¿qué implica?

Los más de cien afectados han decidido iniciar el proceso de reclamación a través de la vía administrativa, primer paso obligatorio antes de acudir a los tribunales contenciosos. Este procedimiento permite a los ciudadanos solicitar responsabilidades patrimoniales al Estado cuando consideran que ha existido una mala gestión administrativa que ha derivado en daños personales o materiales.

En este caso, se exige una compensación económica total de más de 58 millones de euros. Las reclamaciones han sido registradas en las distintas delegaciones administrativas pertinentes, y se espera una respuesta en un plazo legal de seis meses. Si no hay resolución o las autoridades la desestiman, los afectados podrán recurrir a la vía judicial.

Precedente legal para futuras catástrofes

Las reclamaciones presentadas por los damnificados de la DANA podrían sentar un precedente jurídico clave para la asunción de responsabilidades por parte de las administraciones públicas en caso de desastres naturales en España.

El caso está siendo estudiado por expertos en Derecho Administrativo, quienes coinciden en que podría abrir la puerta a nuevas formas de responsabilidad patrimonial del Estado frente a fenómenos meteorológicos extremos. Como apunta la abogada Zaragoza, el objetivo es que se introduzcan mejoras estructurales en la gestión del dominio público hidráulico.

Reacciones de las autoridades y próximos pasos

Ni la Generalitat Valenciana ni la Confederación Hidrográfica del Júcar se han pronunciado oficialmente hasta la fecha sobre las reclamaciones. Desde el Consell, no obstante, se espera una revisión jurídica de las peticiones antes de emitir una resolución o una posible convocatoria a negociación con las partes afectadas.

¿Qué pasos seguirán los afectados?

En caso de que las respuestas a sus reclamaciones sean desfavorables o inexistentes, los damnificados están preparados para acudir a instancias judiciales. Según los abogados del caso, ya se está elaborando una estrategia para llevar los casos al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana si las condiciones lo exigen.

Además, movimientos vecinales en las comarcas afectadas se han unido para crear una plataforma de defensa de los damnificados por la DANA, a fin de mantener seguimiento sobre la evolución del caso y coordinar las acciones legales colectivas.

Consecuencias a nivel social y político

El origen de las reclamaciones no solamente radica en los daños materiales directos sufridos por vecinos y empresarios de la Vega Baja, sino también en el sentimiento de abandono que permeó entre la ciudadanía después de la catástrofe. Muchos vecinos de municipios afectados aseguran que la ayuda institucional llegó tarde y que, en muchos casos, fue insuficiente para recuperar las pérdidas sufridas.

Asimismo, desde la oposición política autonómica se ha exigido a la Generalitat que asuma responsabilidades políticas y ejecute planes de prevención que eviten catástrofes similares en el futuro. Se han presentado ya propuestas para la mejora de los sistemas de drenaje pluvial, mantenimiento de cauces y actualización de las infraestructuras hidráulicas en zonas de riesgo.

Impacto económico en los municipios afectados

La Vega Baja, una de las zonas más fértiles y productivas en cultivos de toda la Comunidad Valenciana, sufrió un duro revés con la DANA. Miles de hectáreas de invernaderos y campos abiertos quedaron destruidos.

• Las pérdidas agrícolas superaron los 200 millones de euros, según cifras aportadas en su momento por ASAJA.
• Más de 3.000 autónomos y pequeñas empresas sufrieron perjuicios directos o indirectos.
• Las infraestructuras urbanas y rurales necesitan todavía reparaciones completas.

La falta de indemnizaciones inmediatas ahondó la crisis social y económica en varios de estos municipios, algunos de los cuales requieren aún asistencia de emergencia y líneas de crédito subvencionadas para reactivar su actividad económica.

Demandas ciudadanas: prevención y soluciones a largo plazo

Además de las indemnizaciones individuales, los vecinos exigen una revisión profunda de las políticas de prevención de riesgos naturales. A través de diferentes asambleas y portavoces vecinales, se ha propuesto la implementación de:

• Planes de actuación municipales actualizados frente a emergencias climáticas.
• Inversiones en limpieza y mantenimiento de ríos, ramblas y acequias.
• Modificaciones en el urbanismo local que respeten los antiguos cursos fluviales.
• Campañas de concienciación ciudadana sobre autoprotección ante lluvias intensas.

Todo ello con el objetivo de evitar un nuevo “septiembre negro” en esta estratégica comarca del sur valenciano.

Conclusión: una lucha por justicia y prevención

La reclamación de 58 millones por parte