Cómo los saharauis perdieron la nacionalidad española en 1976 y por qué aún luchan por recuperarla

Hace cincuenta años, la historia del Sahara Occidental tomó un rumbo irreversible. Tras los Acuerdos de Madrid firmados el 14 de noviembre de 1975, España abandonó el territorio que hasta entonces constituía su provincia número 53. En cuestión de semanas, la administración española fue sustituida por las autoridades marroquíes y mauritanas, mientras miles de saharauis perdían de manera silenciosa su conexión jurídica con el Estado español.

Durante décadas, aquel vacío legal ha generado una situación paradójica: personas nacidas en un territorio bajo soberanía española, y que hasta 1975 tenían derechos equivalentes a los del resto del país, quedaron sin la posibilidad real de mantener su nacionalidad debido a los obstáculos logísticos y políticos del proceso de descolonización.

Un territorio español con derecho de autodeterminación

Hasta 1975, el Sahara Occidental era administrado por España como una provincia más, con capital en El Aaiún y con representación en las Cortes franquistas. La ONU reconocía el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, un proceso que España se comprometió a facilitar. Sin embargo, la presión internacional, la Marcha Verde impulsada por el rey Hassan II y la inminente muerte de Franco aceleraron una retirada precipitada.

La ‘Operación Golondrina’ evacuó a funcionarios, militares y civiles españoles en pocas semanas, desmantelando de forma súbita los servicios públicos, los registros civiles y cualquier infraestructura que permitiera a los saharauis ejercer trámites administrativos esenciales.

El decreto de 1976: un derecho reconocido, pero imposible de ejercer

Para regular la situación, el Gobierno aprobó el Real Decreto 2258/1976, que reconocía a los saharauis nacidos antes de la descolonización el derecho a optar por la nacionalidad española. En teoría, disponían de un plazo de un año para solicitarla ante el Registro Civil o los consulados españoles.

Pero la norma chocaba con una realidad insalvable. España ya no estaba en el territorio, las oficinas consulares habían desaparecido y la única vía para presentar la solicitud era desplazarse físicamente a la península o a Canarias. Para la mayoría, inmersos en un contexto de ocupación militar, falta de recursos y restricciones de movimiento, era un trámite sencillamente imposible.

Así, cientos de miles de saharauis que habían nacido siendo formalmente españoles quedaron fuera del marco legal por una cuestión logística y temporal, sin que desde entonces se haya articulado una vía específica para corregir aquel vacío histórico.

Las consecuencias: generaciones sin reconocimiento

La falta de una solución ha provocado que muchos saharauis que nacieron bajo administración española carezcan todavía hoy de documentos que acrediten su vínculo con el Estado. Su situación jurídica se ha visto agravada por la ocupación marroquí, la dispersión de la población y la vida en los campamentos de Tinduf, donde se concentran decenas de miles de refugiados desde 1976.

A diferencia de otros colectivos con vínculos históricos con España —como los descendientes de sefardíes o quienes proceden de territorios con pasado colonial específico, como Guinea Ecuatorial—, los saharauis no han contado con un procedimiento extraordinario que reconozca esa singularidad histórica.

El intento legislativo de 2025: avances y bloqueo

En marzo de 2025, Sumar registró una proposición de ley para simplificar el acceso a la nacionalidad española de los saharauis nacidos antes de 1976 y de sus descendientes. El texto, impulsado por la diputada Tesh Sidi, proponía equiparar su situación a la de los sefardíes, estableciendo un plazo reducido de residencia de dos años —frente a los diez habituales— y cinco para los hijos de los nacidos bajo administración española.

La propuesta fue aprobada por casi todos los grupos, excepto el PSOE y Vox. Los socialistas votaron en contra, alineados con su posición diplomática respecto a Marruecos desde el giro político de 2022. Desde entonces, las negociaciones sobre la definición jurídica de la norma permanecen paralizadas.

Para Sidi y diversas asociaciones saharauis, este bloqueo supone perpetuar una injusticia histórica que afecta a miles de personas cuya nacionalidad se diluyó no por voluntad propia, sino por una retirada apresurada del Estado español.

Una cuestión jurídica, política y humanitaria

La lucha por la nacionalidad no es solo una reclamación identitaria. Para muchos saharauis, supone una vía para acceder a estabilidad, movilidad, empleo y residencia legal en España. No implica renunciar a la autodeterminación, el objetivo político central del pueblo saharaui, pero sí abrir una puerta a derechos básicos negados durante décadas.

Mientras tanto, quienes quedaron atrapados entre la descolonización incompleta y la ocupación continúan reivindicando un reconocimiento que consideran legítimo: haber nacido en un territorio que durante más de un siglo fue administrado por España, y cuya población se vio abandonada en un proceso histórico todavía sin cerrar.

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