La UCO registra las sedes de Acciona en Madrid y Bilbao por presuntos amaños en la trama Koldo-Ábalos-Cerdán

El Tribunal Supremo ordena obtener documentación cinco meses después de que estallara el caso

Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil han registrado este viernes varias sedes de Acciona en Madrid y Bilbao por orden del Tribunal Supremo. El objetivo es recopilar documentación relacionada con posibles contratos amañados en el contexto del caso Koldo-Ábalos-Cerdán, cuyas actuaciones siguen bajo secreto judicial.

Registros simultáneos en Madrid, Bilbao y San Sebastián

La operación, dirigida por el magistrado del Supremo Leopoldo Puente, se ha ejecutado a primera hora del día con un requerimiento judicial que busca información sobre contratos presuntamente manipulados durante la gestión del exministro José Luis Ábalos y su entorno.

Fuentes de la investigación confirman que, además de las sedes principales de Acciona, se están llevando a cabo actuaciones en instalaciones vinculadas a la empresa Servinabar, en San Sebastián. Estas empresas aparecen relacionadas en la documentación analizada por los investigadores durante los últimos meses.

Una investigación que sigue bajo secreto

La orden del juez Puente se produce cinco meses después de que la trama saliera a la luz. Desde entonces, varias piezas han sido analizadas por la Fiscalía y la Guardia Civil, que buscan esclarecer si hubo amaños en adjudicaciones públicas, especialmente durante los primeros meses de la pandemia.

Las fuentes consultadas señalan que el registro tiene carácter estrictamente documental y que por el momento no se han practicado detenciones. No obstante, los investigadores consideran clave el contenido que pueda extraerse de los servidores, correos internos y expedientes de contratación.

El caso que salpica a Ábalos y a su antiguo círculo

La conocida como trama Koldo-Ábalos-Cerdán ha puesto en el foco a antiguos cargos relacionados con el exministro de Transportes. Las pesquisas se centran en la posible manipulación de contratos públicos y en el papel de empresas que habrían servido como intermediarias.

Aunque Ábalos ha negado reiteradamente cualquier implicación, el avance de la investigación ha motivado nuevas diligencias para esclarecer las responsabilidades penales y administrativas que pudieran derivarse.

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