El Partido Socialista del País Valencià (PSPV) ha denunciado la “irresponsabilidad absoluta” del gobierno dirigido por María José Catalá y el partido Vox por autorizar el uso de instalaciones deportivas municipales para impartir clases de krav magá a menores. Borja Santamaría, concejal del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Valencia, ha argumentado que estas actividades, con un coste de 10 euros y programadas para el 21 de noviembre en el Polideportivo de Nazaret, carecen de “finalidad deportiva, educativa ni social”.
Según el PSPV, el krav magá es el sistema de defensa personal desarrollado por las Fuerzas de Defensa y Seguridad de Israel, cuyo objetivo no es la competencia ni la formación en valores, sino neutralizar a un adversario causando daño por cualquier medio. Santamaría ha calificado de “inaceptable” que espacios públicos dedicados al deporte, la convivencia y la educación en valores se destinen a tales actividades, además con fines de lucro, acusando a Catalá y Vox de “cruzar una línea muy peligrosa” al permitir que menores participen en técnicas de combate en instalaciones públicas.
El concejal ha señalado que estas prácticas y discursos no promueven hábitos saludables ni la igualdad, afirmando que el modelo político de las derechas “es incompatible con una ciudad que busca convivir en paz y construir comunidad”. Ha subrayado que el gobierno actual está abriendo la puerta a dinámicas que alimentan el odio y la confrontación, en lugar de fomentar el respeto.
Ante esta situación, el grupo socialista ha exigido al Ayuntamiento que explique de inmediato la autorización de esta actividad y los criterios utilizados para ceder espacios municipales a iniciativas que contradicen los objetivos de las instalaciones deportivas. Asimismo, investigarán si esta decisión infringe los principios de promoción del deporte y la infancia según la normativa municipal, solicitando información detallada sobre el procedimiento seguido.
Finalmente, Santamaría ha enfatizado la necesidad de políticas públicas en Valencia que cuiden, protejan y eduquen a la ciudadanía, en lugar de fomentar prácticas violentas o discursos divisivos, instando al gobierno municipal a actuar con responsabilidad, transparencia y a reconsiderar esta decisión de manera inmediata.
