Un estudio revela que el temor y la desconfianza dificultan el acceso de la población migrante a la justicia
VALENCIA, 19 Nov. – El temor a represalias, la falta de confianza en las instituciones y la carencia de información son los principales obstáculos que enfrenta la población migrante para denunciar delitos o vulneraciones de derechos fundamentales, según un informe elaborado por la Red Acoge. Este análisis, titulado ‘Denuncia In-Segura. Herramientas para el acompañamiento a personas migrantes ante las barreras en el acceso a la justicia’, examina la situación actual y sus consecuencias.
El informe señala que solo una de cada nueve personas migrantes o racializadas se atreve a presentar una denuncia. Propone medidas para proteger a las víctimas y combatir la impunidad. Testimonios recogidos describen situaciones como ser detenido al intentar denunciar por estar indocumentado, burlas en comisarías y amenazas de empleadores sobre la credibilidad de sus denuncias. El estudio se presentará en la Facultad de Derecho de Valencia, con la colaboración del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia.
Valencia Acull, organización involucrada en el estudio, destaca la necesidad de que las víctimas reciban “un trato respetuoso y no discriminatorio” por parte de autoridades y funcionarios. También subraya la importancia de proporcionar “información comprensible” del proceso judicial, incluyendo su traducción a idiomas nativos, y de proteger a las víctimas de posibles represalias. Se solicita modificar la ley de Extranjería para asegurar que las víctimas en situación administrativa irregular no sean sancionadas con multas o expulsiones al denunciar.
El estudio, basado en una metodología cualitativa, incluye la participación de 120 personas migrantes que han enfrentado delitos o vulneraciones y 74 profesionales de diversas áreas, como psicología, derecho, trabajo social, y fuerzas de seguridad, con experiencia en la asistencia a víctimas. La investigación se realizó en varias ciudades, incluyendo Barcelona, Burgos, Córdoba, Elche, Guadalajara, Logroño, Lucena, Madrid, Murcia, Salamanca y Valencia. Aunque existe una normativa que protege los derechos de las víctimas, en la práctica, muchas personas migrantes enfrentan barreras para ejercer su derecho a la justicia.
El documento identifica tres problemas estructurales que afectan el sistema de justicia: la falta de garantías para proteger los derechos de las víctimas, la Ley de extranjería y la discriminación. Estas dificultades generan impunidad y un bajo nivel de denuncias, con consecuencias psicosociales de largo alcance, como miedo, ansiedad, impotencia, y deshumanización.
El informe sugiere cambios urgentes en procedimientos, actitudes y estructuras para eliminar la impunidad, promover redes comunitarias de apoyo, mejorar los recursos disponibles, y ofrecer formación con perspectiva antirracista. Además, aboga por reconocer las organizaciones sociales como espacios seguros, garantizar la traducción e interpretación, y asegurar una adecuada recogida de denuncias.
También se enfatiza la necesidad de modificar la Ley Orgánica 4/2000 para proteger a todas las víctimas de delitos y evitar procedimientos sancionadores para personas sin autorizaciones de residencia o trabajo que hayan sido víctimas. Se requiere ajustar procedimientos para proteger a las víctimas, permitiendo la presentación de denuncias sin exponer su situación administrativa ni arriesgarse a sanciones, además de mejorar la protección de datos.
