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Los residentes del Cabanyal exigen que se retiren las cámaras de los apartamentos turísticos que apuntan a la calle
La Federación de Vecinos de Valencia, junto con la asociación de vecinos del Cabanyal-Canyamelar, lleva años advirtiendo sobre el aumento de apartamentos turísticos en la ciudad, especialmente en la zona costera. Recientemente, han identificado varios edificios con apartamentos que han instalado cámaras de vigilancia en sus accesos, pero que enfocan hacia la calle, lo cual está prohibido por la normativa, según sostiene Daniel Adell, presidente de la asociación de vecinos Cabanyal-Canyamelar. Se ha detectado la presencia de estas cámaras en áreas como Juan Verdeguer, en el Grao, y en la calle Fuente Podrida, cerca de Doctor Lluch y Blocs Platja.
Adell señala que, hace años, los vecinos solicitaron la instalación de cámaras disuasorias en lugares conflictivos, como la plaza del Rosario, debido a actos vandálicos y agresiones al mobiliario urbano. Sin embargo, estas peticiones fueron rechazadas por cuestiones de protección de datos. Actualmente, comenta, las empresas que gestionan los apartamentos turísticos instalan cámaras sin ningún tipo de control, lo cual genera preocupación en la comunidad.
La demanda de los vecinos incluye un aumento de las inspecciones. Denuncian que muchos apartamentos turísticos en el Grao, Cabanyal-Canyamelar y Nazaret cuentan con cámaras privadas que apuntan hacia la vía pública, permitiéndoles operar sin las mismas restricciones que enfrentan los hoteles. La entidad vecinal critica que mientras las cámaras de interés público se descartan por regulaciones strictas, las de los apartamentos turísticos parecen sortear la ley sin problema, destacando una falta de supervisión por parte del Ayuntamiento de Valencia ante las prácticas que afectan la vida comunitaria.
Asimismo, los vecinos mencionan que, desde hace más de un año, han solicitado al Ayuntamiento un listado de apartamentos turísticos legales, sin recibir respuesta. Incluso el Síndic de Greuges estableció un plazo de 90 días para que se proporcionara el listado, el cual no se ha cumplido.
