El propietario del restaurante El Ventorro ha comparecido en los juzgados de Catarroja para ofrecer su testimonio ante la jueza que investiga la gestión de la riada. El local fue el lugar donde el presidente de la Generalitat Valenciana en funciones, Carlos Mazón, compartió un almuerzo con la periodista Maribel Vilaplana el 29 de octubre de 2024.
El dueño del establecimiento llegó a las 9:15 horas para realizar su declaración en la causa relacionada con la dana. También se espera la comparecencia del secretario general del PPCV y candidato a suceder a Mazón, Juanfran Pérez Llorca, citada para las 11:30 horas.
Ambas declaraciones fueron programadas dos días después de que la magistrada decidiera citar, tanto a estos testigos como al núcleo de asesores y altos cargos cercanos a Mazón, a petición de las acusaciones populares del PSPV-PSOE y Ciudadanos, o por iniciativa propia en algunos casos.
La jueza destacó que el propietario de El Ventorro fue la única persona que tuvo acceso a la sala reservada donde Mazón y Vilaplana almorzaban, lo que podría haberle permitido escuchar alguna conversación telefónica del presidente con la exconsellera.
En cuanto a Pérez Llorca, su citación se debe a las llamadas realizadas durante la dana a Salomé Pradas, exconsellera de Justicia e Interior y encargada de emergencias, quien también está bajo investigación. Según la magistrada, las comunicaciones entre Pérez Llorca y Pradas, junto a las mantenidas con Mazón, podrían aportar información relevante sobre los eventos del día.
En el análisis de decisiones tomadas en el Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) el 29 de octubre de 2024, la magistrada considera pertinente examinar las llamadas realizadas por Pradas para esclarecer el proceso de deliberación de ese día. También subraya la importancia de determinar la información disponible para los asistentes a la reunión y evaluar el impacto de la posible falta de comunicación en la toma de decisiones.
El auto del 16 de octubre de 2025 de la Audiencia Provincial de Valencia, que determinó la citación de Vilaplana como testigo, destacó el rol de Mazón como máxima autoridad de la Generalitat Valenciana, quien podía dar instrucciones a los miembros del Consell.
