El próximo lunes, 1 de diciembre, el Ayuntamiento de Valencia celebrará una doble sesión de pleno extraordinario, siendo uno de los temas principales la aprobación de la Zona de Bajas Emisiones. Esta ordenanza está en pausa ya que el Partido Popular no ha logrado el apoyo final de Vox, su socio de gobierno, ni tampoco el respaldo o abstención del PSPV o Compromís. El plazo para aprobar esta medida vence el 31 de diciembre; no hacerlo podría resultar en multas y la devolución de 150 millones de euros en ayudas al transporte y subvenciones europeas. La sesión será una última oportunidad para alcanzar un acuerdo.
Esta convocatoria extraordinaria se produce tras una moción conjunta de Compromís y PSPV sobre la Zona de Bajas Emisiones. Sin embargo, no ha habido más reuniones entre el PP y la oposición desde el pleno ordinario de octubre. Si los partidos mantienen sus posturas actuales, es poco probable que la sesión del lunes tenga éxito, salvo sorpresas de último minuto, lo que podría derivar en la pérdida del dinero.
En el pleno anterior, Jesús Carbonell, edil de Movilidad, propuso adelantar la prohibición de los vehículos con etiqueta A para el 1 de julio de 2027 y extender las restricciones a ciertas áreas de la ciudad, entre otras medidas. Vox, siguiendo directrices de Abascal, ha mantenido su rechazo a estas propuestas, mientras que PSPV y Compromís consideran que las medidas postergan asuntos hasta después de las elecciones. Estos partidos también han establecido condiciones adicionales, como corredores verdes y restricciones de tráfico en áreas específicas, que el PP no acepta debido a la imposición de multas a corto plazo.
Reacciones de Compromís y PSPV
Papi Robles, representante de Compromís, criticó la gestión del gobierno local y enfatizó la necesidad de una Zona de Bajas Emisiones más justa, que no exija a los residentes cambiar de vehículo y que tenga un verdadero impacto en la calidad del aire de la ciudad. Robles señaló que la propuesta de su partido, respaldada por PSPV, es más adecuada para cumplir con la normativa europea y mejorar la movilidad sostenible en Valencia.
Por su parte, Borja Sanjuan del PSPV instó a la alcaldesa María José Catalá a dialogar con los partidos antes del pleno y aseguró que buscar culpables no es una solución. Sanjuan reiteró la necesidad de aprobar una ZBE que asegure la calidad del aire y evite la pérdida de fondos económicos significativos para la ciudad.
Otras cuestiones a discutir en el pleno extraordinario incluyen una moción sobre la contención de los precios de la vivienda, iniciativas de Compromís para mejorar la gestión de residuos y la limpieza en Valencia, y la creación del Organismo Autónomo Municipal de Valencia Sostenible.
Estas mociones reflejan las preocupaciones actuales en Valencia, donde las decisiones políticas en torno al medio ambiente y la economía local son de extrema relevancia. El resultado de estas deliberaciones puede tener implicaciones profundas para la gestión futura de la ciudad.
