La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha reaccionado a la propuesta de la oposición de abstenerse para que los 16 concejales de Compromís y PSPV puedan aprobar la Zona de Bajas Emisiones. Catalá ha calificado la propuesta como “un nuevo paripé” y ha expresado que su administración la revisará, aunque señala la dificultad legal de integrar en el mismo texto la ZBE junto con modificaciones en la zona de Colón o el corredor verde.
La alcaldesa ha señalado que todas las ordenanzas de ZBE, como las de Barcelona y Madrid, contemplan un periodo de adaptación para que la ciudadanía tenga tiempo de adquirir vehículos adecuados. Catalá ha afirmado que no es viable implementar una ordenanza que perjudique de inmediato a muchos valencianos, requiriendo tiempo para que las familias puedan adquirir estos vehículos. Ha recordado que Barcelona goza de este periodo de adaptación desde 2020 y Madrid desde 2022.
Catalá ha criticado que la ordenanza incluya proyectos ajenos a su finalidad. “Este ecologismo de salón cree que el próximo año todas las familias valencianas podrán adquirir vehículos híbridos o eléctricos, lo cual no es realista”, ha enfatizado. La alcaldesa ha reiterado que la oposición no puede exigir la incorporación de ciertas restricciones y ha remarcado que no todos los valencianos pueden cumplir con esas expectativas.
Ha cuestionado la legalidad de incluir aspectos urbanos como los cambios en Colón dentro de una ordenanza destinada a las bajas emisiones. “Si van en serio, sentémonos y negociemos, pero no podemos exigir a la población comprar un vehículo eléctrico de un año a otro”, ha declarado. Catalá ha expresado su descontento: “Perdonadme el enfado, pero tengo que contaros la verdad”, ha dicho a los medios de comunicación.
Desde Compromís han aclarado que su propuesta no obliga a los vecinos de Valencia a comprar un coche nuevo; incluso excluyen la etiqueta B y contemplan una línea de subvenciones para quienes deseen cambiar su vehículo. Respecto a la posibilidad de abstenerse, Catalá ha señalado que podrían considerar una ordenanza razonable, pero ha enfatizado la imposibilidad de incluir elementos como la planta viaria de Colón o el corredor verde en una ordenanza de bajas emisiones. Catalá interpreta que la inclusión de propuestas inviables demuestra falta de intención de llegar a un acuerdo.
