Un informe elaborado por diversas entidades ha identificado 153 casos de vulneraciones de derechos lingüísticos de personas valencianohablantes, destacando una especial incidencia en el ámbito educativo, donde un 30,5 por ciento de los casos se originan, seguidos por la administración pública con un 25,3 por ciento. Este dictamen fue presentado por Escola Valenciana, Plataforma per la Llengua, Acció Cultural del País Valencià, ACV Tirant lo Blanc, entre otras organizaciones, ante el Síndic de Greuges en Alicante.
Coincidiendo con el Día de los Derechos Lingüísticos en el País Valencià, las agrupaciones han subrayado la importancia de atender estas vulneraciones y de promover la normalización del uso del valenciano frente a su creciente desaparición. Han señalado que, este año, la novedad radica en un “cambio radical en la tipología de vulneraciones”, con el ámbito educativo encabezando las denuncias con más del 30% de los casos registrados.
Las entidades vinculan este incremento a la ley de Libertad Educativa, a la que llaman “ley Rovira”, aplicada durante el mandato del exconseller José Antonio Rovira. Según afirman, esta normativa ha ocasionado severos problemas en la garantía de derechos lingüísticos en el entorno escolar.
Además del aumento en quejas relacionadas con la educación, han observado cambios en las tendencias respecto a años anteriores. Ahora, las comarcas centrales también han comenzado a registrar más vulneraciones, desplazando la tendencia anterior donde las comarcas del sur eran las más afectadas. “Aunque estos problemas son generalizados, el alcance se ha ampliado y se requiere más atención”, ha destacado Escola Valenciana en un comunicado.
Asimismo, se ha evidenciado un incremento de casos en el sector privado, lo que podría ser un indicativo de una mayor conciencia de la ciudadanía sobre sus derechos lingüísticos y la posibilidad de denunciarlos.
Las instituciones públicas siguen siendo uno de los principales focos de vulneración de derechos. Según las entidades, el cambio de gobierno con el apoyo del PP y Vox ha contribuido a un aumento de incidencias, especialmente relacionadas con la presencia del castellano en servicios públicos y el difícil acceso a la información en valenciano.
Las entidades recalcan que “el informe es el resultado de un trabajo conjunto y expandido, que este año incluye una mayor variedad de agentes sociales y culturales, proporcionando un diagnóstico detallado de patrones de vulneración, zonas afectadas y administraciones incumplidoras”.
También han aprovechado para pedir a la Generalitat la reactivación de la Oficina de Derechos Lingüísticos con capacidad sancionadora, una demanda que lleva pendiente desde el informe de 2024. “Seguiremos trabajando y apoyando a la ciudadanía en la defensa de sus derechos lingüísticos”, ha afirmado Esteve Juan, director en Escola Valenciana. Han reiterado su compromiso con un modelo social e institucional que promueva la lengua y la cultura valenciana, instando a la Generalitat Valenciana a tomar medidas firmes para proteger estos derechos.
