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Vox aprueba una Zona de Bajas Emisiones sin sanciones en Castellón mientras sigue el bloqueo en Valencia
El tiempo se agota y cada vez queda menos margen para que Valencia tenga aprobada su Zona de Bajas Emisiones de manera adecuada. Esta situación no es trivial, ya que el Ayuntamiento podría perder hasta 150 millones de fondos europeos si la medida no está en marcha en 2026. La planificación para cumplir con esta directiva comunitaria destinada a combatir la contaminación en las grandes urbes se venía cumpliendo en el Cap i Casal hasta que Vox cambió de parecer. El partido de derecha radical, aliado del Partido Popular en el gobierno municipal, se opuso a la propuesta en el pleno de octubre tras haberla apoyado en cinco ocasiones anteriores. Sin embargo, la formación liderada por Santiago Abascal ha respaldado la ZBE de Castellón, una normativa que no impone restricciones ni sanciones a vehículos, sin importar su etiqueta.
Representantes de Vox en el Ayuntamiento de Castellón explicaron que allí se aprobó que no haya restricciones para los coches. Contrariamente, en Valencia, la postura se mantiene sin cambios tras el pleno del pasado octubre, según el departamento de José Gosálbez. La ordenanza en Castellón fija umbrales de contaminación que, de ser superados, activarían restricciones al tráfico, aunque fuentes de Vox afirman que estos niveles «nunca se van a alcanzar» debido a que Castellón presenta actualmente bajos niveles de contaminación gracias a obras como la aplicación de asfalto fotocatalítico y la creación de más zonas verdes.
En Valencia, el modelo propuesto se asemeja al de Málaga, donde los vehículos sin etiqueta tienen prohibido el paso, algo que desde Vox consideran restrictivo. “Eso no lo vamos a aprobar en ningún sitio, pero si se hace con inteligencia se puede cumplir la ley sin perjudicar a los vecinos. Eso es lo que hemos demostrado en Castellón”, argumentan desde el Consistorio castellonense. Mientras, el Partido Popular en Valencia ha intentado sin éxito llegar a un acuerdo rápido con la oposición, compuesta por Compromís y PSPV, para salvar la ZBE. Actualmente, las negociaciones permanecen estancadas, y un pleno extraordinario se celebrará el próximo lunes para discutir, entre otros temas, la Zona de Bajas Emisiones.
El 1 de diciembre era la fecha señalada para que la medida estuviera activa, penalizando a vehículos de etiqueta A de fuera de la provincia. Aunque no se ha aprobado una normativa, y por tanto no se pueden imponer multas, más de 400 cámaras de vigilancia se pondrán en marcha para realizar estudios de movilidad. En el último pleno, el concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, propuso adelantar la prohibición de etiqueta A para coches de la ciudad al 1 de julio de 2027 y prohibir la etiqueta B para vehículos de fuera de la ciudad en un plazo de un año desde que se superen los umbrales de contaminación aplicables desde 2020. También propuso incluir dentro de la ZBE los barrios de San Isidro, San Marcelino y el Marítimo.
El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Borja Sanjuan, criticó las maniobras de María José Catalá con el apoyo de Vox, señalando que planean «una falsa Zona de Bajas Emisiones» que no mitigarían el aire contaminado ni evitarían la pérdida de ayudas europeas o el incremento del bonobús. Sanjuan afirmó que sería irresponsable acordar una ZBE sin sanciones como en Castellón, ya que no mejoraría la calidad del aire y podría costar más de 150 millones de euros al ayuntamiento. Además, sostuvo que Catalá solo busca evitar sanciones con una falsa ordenanza sin una intención real de mejorar la calidad del aire, y le instó a acordar una Zona de Bajas Emisiones genuina que no pierda ayudas ni afecte el transporte público, mejorando así la calidad del aire en Valencia.
