**Exigen la retirada de cámaras en apartamentos turísticos del Cabanyal**
La Federación de Vecinos de Valencia y la asociación de vecinos del Cabanyal-Canyamelar llevan años alertando sobre el aumento de apartamentos turísticos en la ciudad, especialmente en la zona marítima. En un nuevo avance de sus denuncias, han señalado la instalación de cámaras de vigilancia en estos edificios, las cuales apuntan directamente a la calle, acción que contraviene la legislación vigente, según Daniel Adell, presidente de la asociación.
Los vecinos han identificado la presencia de cámaras en áreas como Juan Verdeguer, en el Grao, y en la calle Fuente Podrida, cerca de la calle Doctor Lluch y Blocs Platja. Adell recuerda que hace años los residentes solicitaron cámaras disuasorias en lugares conflictivos como la plaza del Rosario, donde se producían actos vandálicos y agresiones al mobiliario urbano. Sin embargo, esta petición fue desestimada por cuestiones de protección de datos. Ahora, lamenta que las empresas detrás de los apartamentos turísticos pongan estas cámaras sin control alguno.
Ante esta situación, los residentes de zonas como Grao, Cabanyal-Canyamelar y Nazaret demandan mayor presencia de inspecciones. Denuncian que algunos apartamentos turísticos, que proliferan sin control, instalan cámaras privadas para proteger sus propiedades, lo cual, afirman, ocurre sin las necesarias obras de remodelación que sí se exigen a los hoteles.
La entidad vecinal reclama que mientras las cámaras que benefician el interés general enfrentan estrictos filtros, las leyes parecen ser fácilmente eludidas por los apartamentos turísticos. Subrayan que el Ayuntamiento de Valencia debería proteger sus derechos, pero en cambio, observan cómo estas acciones depredadoras no tienen consecuencias legales, con prioridad en el beneficio económico de los inversores.
Asimismo, manifiestan su frustración porque hace más de un año solicitaron al Ayuntamiento un listado de apartamentos turísticos legales sin recibir respuesta. Incluso el Síndic de Greuges otorgó un plazo de 90 días para la entrega de esta información, plazo que no ha sido cumplido.
