La jueza de Catarroja, encargada de investigar la gestión de la DANA, ha solicitado la declaración del chófer que trabajaba para Carlos Mazón, expresidente de la Generalitat Valenciana, el 29 de octubre de 2024. Además, ha dado un plazo de tres días al jefe de seguridad de Presidencia para identificar a los escoltas asignados a Mazón ese día. Estos escoltas serán citados como testigos tras la identificación.
Esta decisión fue tomada tras la declaración de Pilar Montes, directora general de la Secretaría del gabinete del expresidente, quien mencionó no recordar haber hablado con Mazón la tarde de la riada, aunque sí intercambiaron mensajes respecto a un viaje previsto para el día siguiente. Montes aseguró que no suspendió la agenda oficial de Mazón y que la tarde estaba libre de actos. El registro de llamadas del expresidente incluye una comunicación con Montes a las 19:42 horas, pero ella no recuerda haber hablado con él a esa hora, señalando que la llamada fue algo que vio publicado. Respecto a los escoltas, afirmó que se envió la agenda de actos al jefe de seguridad y conductores el día anterior y que “cuando el presidente sale se activa un dispositivo, aunque sea agenda privada”.
La jueza, respondiendo a peticiones de una acusación particular y la popular de Compromís, emitió un auto el 21 de noviembre solicitando la identificación de los escoltas y el chófer de Mazón para citarlos como testigos. La magistrada considera necesario determinar si dichos testigos pudieron escuchar algunas llamadas o comentarios relacionados con Mazón, así como con Salomé Pradas, exconsellera de Justicia e Interior, y Emilio Argüeso, que también están siendo investigados en la causa. La instructora considera estos testimonios relevantes, similar al caso de la periodista Maribel Vilaplana, quien comió con el presidente el día de la DANA.
